La familia de Cortizo indignada por el traslado del etarra Sergio Polo y cuestiona sus problemas de salud

Atentado en León en 1995./
Atentado en León en 1995.

Instituciones Penitenciarias no ve acercamiento en el cambio de cárcel que justifica por motivos amparados en la Ley de Protección de Datos

EUROPA PRESS

La familia del comandante del Ejército de Tierra, el leonés Luciano Cortizo, ha mostrado su «sorpresa e indignación» por el traslado desde la prisión de Algeciras (Cádiz) a Herrera de la Mancha (Ciudad Real) del etarra Sergio Polo, condenado en marzo de 2018 a 110 años por el asesinato de este militar perpetrado en 1995.

«Nos preguntamos por qué están más pendientes de los padecimientos de los terroristas que de las secuelas de las víctimas. ¿Y de nosotros quién se preocupa?», se ha preguntado la familia de Luciano Cortizo, que falleció asesinado en la calle Ramón y Cajal de la capital leonesa al estallar una bomba lapa en su coche, causando heridas grave a su hija, que por entonces tenía 18 años. Expresan además su temor de que este sea un primer paso para un acercamiento aún mayor al País Vasco.

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior por el traslado de tres presos de ETA, entre ellos Sergio Polo, por no haberse producido «ninguna notificación, ni con carácter previo ni durante los meses transcurridos, ni a esta Fundación, ni al resto de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo».

«Esta ocultación contraviene el compromiso de transparencia informativa asumido por el actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska», sostiene Marimar Blanco en un comunicado, recordando que, hasta la fecha, cada vez que se producía un traslado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias emitía una nota explicativa.

Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

Destaca Marimar Blanco, diputada del PP en el Congreso, que más allá de compromisos políticos el artículo 51 Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo exige que, a través de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, se establezcan «cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas.

La Fundación de Víctimas ve «extremadamente grave» que Interior haya «beneficiado con dicho traslado a un etarra condenado por delitos de sangre», recordando que Interior se había comprometido a que los acercamientos serían por razones humanitarias y en ningún caso beneficiarían a condenados por asesinato.

Además de Sergio Polo el 29 de noviembre, han sido trasladados sin comunicación de Instituciones Penitenciarias a las víctimas del terrorismo María Lizarraga Merino e Íñigo Gutiérrez Carrillo, en este caso desde la cárcel de Villena (Alicante) a la de Picassent (Valencia), el 18 de octubre.

Marimar Blanco ha pedido por este motivo las explicaciones oportunas que justifiquen la medida «contra el compromiso adquirido por el ministro del Interior ante las asociaciones y fundaciones representativas del colectivo de víctimas».

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Europa Press han justificado el traslado a finales de noviembre de Sergio Polo por motivos amparados en la Ley de Protección de Datos. «No lo consideramos un acercamiento», subrayan estas fuentes. Además del asesinato de Cortizo, Polo fue condenado por otros dos asesinatos y por participar en el atentado que dejó en silla de ruedas al capitán del Ejército Juan José Aliste.