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La defensa de Victorino Alonso: «En El Feixolin ahora ha aumentado la población del oso»

El empresario minero Victorino Alonso, acude a la última sesión del juicio. / Campillo

Las defensas del empresario minero, de José Tascón, de Guillermo Murias y de la empresa MSP exponen sus conclusiones en al última jornada del juicio por presuntos delitos medioambientales en la explotación minera de El Feixolín

Nacho Barrio
NACHO BARRIOLeón

Cuarta y última jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de León por presuntos delitos medioambientales en la explotación de la corta minera de El Feixolín.

Es el turno en la mañana de este jueves de escuchar las conclusiones de las defensas de los tres acusados: el empresario minero, Victorino Alonso, el presunto testaferro José Tascón y el exalcalde de Villablino, Guillermo Murias.

Comenzó con su intervención el letrado de Victorino Alonso, que apuntó en sus extensas conclusiones a que, contando con una «causa realmente caótica que ha avanzado con un lentísimo caminar», la acusación «no ha probado que ni Victorino Alonso ni José Tascón ordenaran que se realizaran obras de explotación minera».

En su alegato también fue especialmente incisivo al defender que «la compañía obtuvo en el 86 los permisos para la corta de El Feixolín al amparo de la Ley de Minas de 1973», por lo que «en aquel momento se aprobaba por el órgano medioambiental el visto bueno presentado por el explotador», justificando así la ausencia de declaración de impacto ambiental.

Señaló también a que la causa «va por lo penal cuando es propiamente del contencioso-administrativo», estimando que «si los hechos no han prescrito, por lo menos ya se han juzgado».

Sobre las pruebas periciales presentadas el miércoles, el letrado recordó que el profesor Calabuig «habló de afecciones duras en El Feixolín que también se producen por otras actividades humanas como el turismo», manteniendo que «Villablino o Caboalles están más cerca de zonas críticas que la corta minera».

Sobre el impacto en especies, el abogado entendió que «las posibles molestias ya se han terminado, teniendo lugar un incremento exponencial de la población de osos en la zona donde se ha explotado el Feixolin y en otras cortas».

De la misma forma entendió que en este caso «hay una utilización racional del suelo orientado a los intereses generales, con controles periódicos en los planes de labores».

Descarga de culpa

«Las cuestiones que aquí se dirimen no son responsabilidad de un consejero delegado, sino del director facultativo». Esta fue la frase mantenida por el letrado de Victorino Alonso de cara a descargar la culpabilidad del empresario minero en el caso de El Feixolín.

Así, entendió que Alonso «solo firmó el acuerdo con el Ayuntamiento de Villablino para el pago de las licencias correspondientes».

En esa teoría también se mantuvo la defensa de José Tascón, que afirmó que «el director facultativo es el único que puede decidir sobre la seguridad, contra su decisión el consejero no puede hacer nada».

También se abordó de refilón la cuestión de la cabaña en ruinas de Arias Tronco, donde repitió lo dicho anteriormente: «No existe prueba suficiente para decir que los daños de la cabaña procedan de la explotación».

Por último, el letrado hizo un alegato en el que exaltó que «han querido hacer ver que Victorino Alonso es una persona ubicua, que está en todo, cuando no es así. Mi representado está orgulloso de haber mantenido a 7.000 trabajadores».

Defensas de Tascón y Murias

El letrado de José Tascón fue más breve. «Me adhiero a todo lo alegado por mi compañero [en relación al abogado de Alonso]», dijo en la sala, para señalar que «mi representado nunca ha tenido el dominio de nada referente al Feixolín».

La defensa de Coto Minero del Cantábrico optó por reclamar que «lo que aquí se juzga es más propio del contencioso que de penal, porque solo se ha hablado de pemisos y licencias.

Por último, el letrado del exalcalde de Villablino puso en valor que Guillermo Murias «fue ideólogo de la gran marcha minera del 92, picador y representante sindical», defendiendo a su vez que «aquí no están y deberían estar los alcaldes posterior y anterior a Murias, pero el banquillo de los acusados ha estado muy mal constituido».