La construcción, con 15.000 empleos en León, entra en situación límite por los costes

Por provincias, León es la que encabeza la lista con mayor volumen de licitación, 148 millones de euros en 2021. Una cantidad que no garantiza la estabilidad del sector, del que dependen más de 15.000 empleos según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En la distribución autonómica Castilla y León supone un 6 por ciento del volumen licitado a nivel nacional y el sector, de cumplirse las previsiones podría perder hasta un 20% de sus empresas al acusar los incrementos de costes de forma notable.

En una comparecencia para informar de las previsiones para este ejercicio, Pascual señaló que el sector arrastra ya tres crisis económicas y señaló que muchas empresas no podrán superar el encarecimiento de las obras por la subida de los precios y el pago de los créditos vinculados a la pandemia del covid-19, que a pesar de tener condiciones ventajosas, se tendrán que empezar a devolver en los próximos meses.

Por tanto, para este ejercicio, se esperan alcanzar cifras de licitación de 580 millones por parte del Estado, que prevé una inversión de 805; frente a los 482 de la Comunidad de un total de 688 contemplado, y los 400 de las entidades locales, que barajan unas cifras de 444 millones. Además, la adjudicación se quedará en los 377 millones en el estamento central; los 362 en el autonómico, y los 320 en el local.

En el primer cuatrimestre, se han licitado 390 millones, frente a los 442 de 2021, lo que supone un 11,9 por ciento. Esto se debe a su juicio a que las elecciones en Castilla y León han hecho que la inversión de la Junta creciera un 88,6 por ciento, hasta los 202 millones, mientras la del Estado (95 millones) se redujo un 59,1 por ciento, y la local, un 10,1 por ciento, hasta los 93 millones. Pascual señaló que el ejercicio terminará con «todo bastante más igual», de forma que cumplan las previsiones.

En 2021, la licitación de obra pública se disparó un 53 por ciento en Castilla y León y alcanzó los 1.376 millones de euros, frente a los 899 del ejercicio pasado. De esta cantidad, 622 millones correspondieron a la Administración Central, que elevó su inversión un 53 por ciento; 327, a la autonómica, con un aumento del 20 por ciento, y 426, a la local, con un avance del 93 por ciento.

Asimismo, las administraciones casi cuadraron la cifra de licitación con la cantidad prevista por la Cámara de Contratistas, con 1.376 millones de 1.382 estimados para todo el ejercicio pasado. Además, adjudicaron 1.074 millones, lo que supone un cumplimiento del 78 por ciento, frente al 40 por ciento de otras anualidades. «Estamos contentos», dijo, ya que los cálculos hechos por las empresas para el ejercicio prácticamente se han alcanzado.

En conjunto, Enrique Pascual sostuvo que 2021 fue un año «bueno» en volumen de obras, pero «malo» en el precio, ante la «excepcional» subida de precios de las materias primas, que situó en una horquilla del 20 al 25 por ciento. Así, estimó que eso supuso unos 120 millones de pérdidas sobre la cantidad abonada por la Junta en certificaciones -unos 500 o 600 millones-, de los que estimó solo se recuperará un 40 por ciento, es decir, unos 48 millones.

«Se ha producido un enriquecimiento injusto de la administración», argumentó el presidente de la Cámara de Contratistas, quien reconoció la dificultades para parar una obra y del propio sector público para compensar a las empresas. Por ello, censuró el retraso del Gobierno en la publicación de los dos reales decretos que en mayo se dictaron para tratar de hacer frente a esta situación, pero que con los que a su juicio la construcción «difícilmente» se va a ver «compensado».

Al , Enrique Pascual alertó de que el alza de los precios tumba el 20 por ciento del mercado y señaló que se está destruyendo una industria «valiosa» a nivel mundial, porque reiteró que en el contexto internacional existe más demanda que capacidad para ejecutarla. «No podemos salir a jugar Copa de Europa, cuando nuestra Liga está parada», dijo.

La consecuencia de esta situación, continuó Enrique Pascual, es que se están empezado a quedar los concursos públicos desiertos. De hecho, informó de que en 2021 fueron 120 las actuaciones sin contratista, frente a las 24 de 2020 y las 35 de 2019. Además, entre enero y abril, a fecha del 3 de mayo, se acumulaban ya 50 -cinco de la Administración Central, 14 de la autonómica y 31 de la entidades locales-.

Esto supone el 7,41 por ciento de las 675 licitaciones lanzadas en los primeros cuatro meses. Este porcentaje es superior al de 2021, que fue del 2,94 por ciento; 2020, que se quedó en el 0,75 por ciento, y 2019, cuando alcanzó el 0,96 por ciento. Así, estimó que en el conjunto de 2022 se podrían alcanzar las 200 obras desiertas, en torno al diez por ciento.

En conjunto, estimó que Castilla y León debería alcanzar una inversión en obra pública, medida en licitación, de 2.000 o 2.500 millones, frente a los 1.376 registrados en 2021, que se sitúan por encima de los 1.119 de 2019, el año anterior a la crisis sanitaria. A su juicio, se debe impulsar un crecimiento, porque no afrontar los proyectos pendientes, supone hipotecar el futuro.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Contratistas reclamó medidas fiscales eficaces para salvar al sector de la crisis de precios, porque señaló que como el bosque se está quemando ya. Además, demandó que se actualicen los precios en las nuevas licitaciones, para que se ajusten a lo que marca el mercado, lo que -dijo- llevará a que muchos concursos queden desiertos.

También, aprovechó para demandar a la Junta que suprima las tasas por inspección y dirección de obras públicas (TIDOP), porque recordó no tienen «ninguna justificación». «Si no lo hacen, es porque dicen una cosa y van a hacer otra», dijo.

Además, el empresario indicó que está en riesgo el relevo generacional y señaló la necesidad de afrontar una concentración empresarial, porque a su juicio las compañías de la Comunidad son «ejércitos» que podrán ganar pocas «batallas» en la economía moderna, debido a que se trata de un mercado «bastante globalizado».

Igualmente, el presidente de la Cámara de Contratistas señaló que el sector es un «motor de arrastre» del resto de la economía, a pesar de la pérdida de 70.000 puestos de trabajo en las últimas crisis, ya que recordó que por cada millón de euros invertido, se generan 15 o 18 puestos directos de trabajo. Por ello, denunció que se está infraconstruyendo en el país e indicó que la construcción puede ayudar a fijar población en el medio rural.

En materia de empleo, lamentó que el sector sea «absolutamente incapaz» de atraer mano de obra cualificada y hizo una llamada al «sector femenino», porque argumentó que en este momento solo está representada en el ocho pro ciento, cuando el promedio en el conjunto del mercado laboral está en el 37 o 40 por ciento. Indicó que las empresas no están siendo capaces de incorporarla, pero tampoco las administraciones logran reducir esta brecha. «Las necesitamos y son valiosas», concluyó.