La Comisión de Transparencia de Castilla y León recibe 314 reclamaciones en 2018, un 55,5% más que el pasado año

En 2018 se recibieron 314 reclamaciones, es decir, 112 más que en el año anterior y más del triple de las presentadas en 2016. Del total, 188 se refirieron a denegaciones de información pedida a entidades locales (141 correspondieron a los ayuntamientos de la Comunidad), 84 se presentaron frente a la administración autonómica y ocho tenían relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

En 114 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación. Aunque se redujo el porcentaje de reclamaciones interpuestas ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información (se pasó del 80 al 70 por ciento, aproximadamente, del total) todavía fueron 223 las reclamaciones planteadas frente a desestimaciones presuntas.

En aquellos supuestos en los que la reclamación se presentó frente una resolución expresa, los motivos más utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales, la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada, el carácter repetitivo o abusivo de la petición y la falta de posesión de la información.

El tipo de información solicitada por los ciudadanos que motivó sus reclamaciones es muy diverso pero las dos grandes materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a cuestiones referidas al personal de la Administración (en especial a funcionarios de la administración autonómica) y a la actividad económica, presupuestaria y de contratación de las entidades locales.

También experimentó un notable crecimiento el número de resoluciones adoptadas por la Comisión de Transparencia, ya que en 2018 fueron 226 frente a las 155 de 2017. De estas 226 resoluciones, en 94 de ellas se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que suministrara la misma. En 65 ocasiones las resoluciones estimatorias se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 21 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta (11 más que el año anterior).

Estas resoluciones son ejecutivas y deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales. De hecho, en 2018 se presentó un nuevo recurso judicial frente a una Resolución de la Comisión, que se añade a los tres presentados en 2017 -todos ellos pendientes aún de ser resueltos-.

Como ejemplos de algunas de estas resoluciones, la institución que preside Tomás Quintana destaca que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a las gratificaciones extraordinarias percibidas por el personal directivo o de mayor responsabilidad, así como los relativos a las retribuciones y autorizaciones de compatibilidad de un alto cargo.

Igualmente, se ha señalado a la misma Administración que debía proporcionar los datos sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que habían sido solicitados, se ha requerido a una sociedad mixta municipal para que proporcione información a un ciudadano sobre su contratación y se ha instado a un Ayuntamiento para que dé acceso a la información relativa a su contratación de personal laboral.

Por otra parte, es reseñable que hasta en 52 ocasiones (nueve más que en 2017), una vez que ha intervenido la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a ésta y se ha proporcionado el acceso a la misma.