UGT amenaza con la huelga si la Junta no aplica las 35 horas a sus 15.000 funcionarios

Sede de la Junta en León capita. /
Sede de la Junta en León capita.

El sindicato asegura que ha llegado «el momento» de recuperar los derechos después de cumplir en 2018 la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto

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La Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León amenazó este martes en Valladolid con movilizaciones e incluso la convocatoria de una huelga si la Junta no es valiente al aplicar la jornada semana de 35 horas para los más de 85.000 empleados públicos dependientes de la administración autonómica, cerca de 15.000 en la provincia de León.

No en vano, el sindicato consideró que se trata de una cuestión de «voluntad política» porque los datos macroeconómicos de 2018 permiten constatar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto.

El secretario autonómico de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) en UGT CyL, Tomás Pérez, aseguró que es «el momento» de recuperar los últimos derechos para los empleados dependientes de la Junta, una vez que las Cortes tramitan la ley que regulará la carrera profesional, y a la espera de recuperar el recorte de los sueldos, que el sindicato calcula en un 5 por ciento. «Ya no hay disculpas para incumplir la ley y lo firmado en el Acuerdo Marco porque ahora se cumplen las condiciones para aprobar las 35 horas semanales. Hemos tenido paciencia estos años pero ha llegado la hora de reivindicar nuestros derechos», consideró.

Pérez dio 15 días de margen al Ejecutivo regional para anunciar su disposición a negociar la reducción de la jornada laboral, aunque sea de forma gradual como en otras comunidades autónomas. «De no haber respuesta», afirmó que UGT anunciará un calendario de movilizaciones. En su opinión, los empleados públicos ya han «sufrido bastantes años de penuria», sin haberles reconocido su labor. «Se nos acusó de todo por tener un trabajo fijo y los políticos saben que el Estado del Bienestar se soporta gracias a los trabajadores de la administración», aseveró.

El líder sindical subrayó que la sanidad atraviesa por graves problemas, lo que repercute en la calidad asistencial, principalmente por la falta de profesionales. En ese sentido, calculó que la reducción de 37,5 a 35 horas supondría la contratación de 6.000 empleados e incrementar la plantilla de Sanidad un 20 por ciento.

El responsable del sector de Sanidad de UGT, Miguel Holguín, precisó que la implantación de los recortes, a través del decreto de 2012, que supuso la implantación de la jornada semanal de 37,5 horas supuso, por ejemplo, reducir un tercio la plantilla de los médicos de Urgencias en la Comunidad. Ello trajo consigo, explicó, el aumento de la carga de trabajo y afectó a la calidad asistencial. «Las 35 horas son un derecho. No se recortan y se defienden», sentenció.

El secretario regional de la FeSP también se refirió al sector educativo, donde recordó que, si el Congreso de los Diputados refrenda el acuerdo alcanzado la semana pasada en el Senado para la reducción de las horas lectivas de los profesores, puede darse la «paradoja» que los docentes de Secundaria tengan 18 horas de clases mientras que el resto de empleados de la Comunidad continúen con las 37,5 horas.

En el mismo sentido, se pronunció la secretaria autonómica de Enseñanza, Beatriz García, quien exigió la implantación de las 23 horas lectivas para Infantil y Primaria y 18 horas para el resto de niveles no universitarios así como la sustitución inmediata en los casos de baja laboral y la reducción de la ratio de alumnos por aula. También se refirió a los docentes de la Comunidad son uno de los colectivos peores remunerados del país y los que más han sufrido los recortes.

Por su parte, el responsable del sector de la Administración Autonómica de la Federación, Julio César Martín, consideró que el aumento de la jornada laboral ha supuesto una bajada del sueldo en un 7 por ciento. «Trabajamos gratis media hora todos los días», declaró. También, apuntó que supone un perjuicio «muy grave» para los trabajadores a la hora de la conciliación laboral y familiar, ya que muchos de ellos deben cuidar a padres y abuelos.

 

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