Los 3.000 funcionarios de la Junta en León pararán el 10 de mayo para dejar de ser «los parias» de la administración

Rueda de prensa en Comisiones Obreras. / Sandra Santos

Comisiones Obreras denuncia que 160 trabajadores públicos se jubilarán entre 2018 y 2019 y exigen convocatoria de empleo para cumplir la tasa de reposición y cubrir las vacantes en la Junta de Castilla y León

RUBÉN FARIÑASLeón

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Castilla y León ha convocado paros parciales de dos horas entre los 3.000 funcionarios de la provincia dependientes de la Junta.

El próximo 10 de mayo, de 13 a 15 horas, los trabajadores de la administración dejarán su trabajo para denunciar los incumplimientos de la Junta de Castilla y León, la falta de convocatoria de empleo público y exigir una mejora de condiciones laborales.

Los motivos fundamentales son la falta de avance en la recuperación de derechos de los empleados públicos tras el periodo de recortes por la crisis económica. «Estos recortes han ocasionado una situación insostenible en cuanto a falta de personal, que acarrean problemas en la correcta prestación de servicios públicos en la provincia».

El coordinador del sector de la Administración General, Ernesto Angulo, achaca que esta falta de empleo público en centros de trabajo afecta de forma especial a zonas periféricas y ultraperiféricas como en cuestiones relacionadas con medio ambiente, oficinas del Ecyl o secciones agrarias comarcales, que exigen desplazarse a personal desde las capitales de provincia.

Desde el sindicato se denuncia que el número de empleados públicos cada vez es menor. Entre 2018 y 2019, 160 funcionarios se jubilarán en la provincia y, según Comisiones Obreras, estas plazas no se ocuparán, como ha ocurrido con el concurso de funcionarios, donde el 45% de las 1.300 disponibles están vacantes en la provincia y existe un alto número de trabajadores interinos -el 28%, cuando el objetivo era el 8% al término de 2020-.

La lucha contra el fuego

Comisiones Obreras ha denunciado que este verano no habrá ni técnicos ni agentes ni celadores suficientes para el plan de extinción de incendios.

De los 185 agenets que tiene la provincia de León, 49 plazas se encuentran vacantes -lo que supone un 25%- y a ello se suma el problema de la dispersión de las poblaciones y el número de hectáreas de monte.

También se subraya una falta de convocatoria de empleo público, con 386 plazas pendientes desde 2016, falta de convocatoria del 51% de ellas en 2017, ausencia de convocatoria en 2018 y aún se espera la formalización del concurso de 2019.

Otros asuntos que lamenta el sector es la pérdida de jubilación parcial, la demora en instaurar la jornada de 35 horas semanales y la falta de cumplimientos con la carrera profesional.

Por todo ello se consideran los «parias» de la administración y critican que en Castilla y León estén «bajo mínimos» en recuperación de derechos.

Comisiones exige cubrir la tasa de reposición, los acuerdos de estabilización y una convocatoria de empleo público que evite cerarr centros periféricos y frenar la despoblación en el medio rural.