La agresión en Villahierro a tres funcionarios de prisiones pone el foco sobre una política penitenciaria «desastrosa»

La situación entre rejas dista mucho de ser la mejor. En las últimas horas, tres funcionarios de la prisión de Mansilla de las Mulas han sido agredidos por un interno, con un resultado que, lejos de ser extremo, no deja de ser grave: contusiones, heridas y el desprendimiento de parte de una oreja son el saldo de una violencia que parece tener un origen.

«El incidente ocurrió por un preso de los que no deberían estar aquí», comenta Valentín Llamas, del sindicato ACAIP. «Las enfermerías son verdaderas 'bombas', especialmente los viernes, que es cuando se da la medicación para todo el fin de semana, así que cuando se juntan varios días por un puente o en Semana Santa, imagina».

En la dispensa de psicofármacos parece estar uno de los orígenes de ésta y otras situaciones conflictivas: «Se les da para varios días y el que no las vende las compra y el que no, acaba tomándolas todas o no tomando ninguna. Se generan situaciones que vamos toreando, pero esto parece claro que irá a más», lamenta el secretario general de ACAIP, que critica que «es una medicación que debía ser directamente observada, porque es una salvajada dársela así a personas que tristemente son drogadictas».

Pero la medicación no parece el único punto de partida que contribuyó a que un interno atacara tirando sillas a los funcionarios heridos. En el pabellón en el que se encontraba un solo trabajador para controlar a 110 reclusos, como denuncian desde el sindicato. «Se han ido cerrando módulos, ahora mismo hay dos cerrados, en los que había 144 plazas. Si ha habido cien jubilaciones no se ha repuesto ninguna plaza, tan solo han venido una docena de personas en prácticas», señala, al tiempo que apunta a que «en mis 44 años de servicio jamás he visto una Secretaría General [de Instituciones Penitenciarias] tan desastrosa».

En este sentido, Valentín Llamas no ve otra solución que cumplir con la RTP (Relación de Puestos de Trabajo) marcada por la Administración: «Una cárcel como la de Mallorca, abierta al tiempo que la de León, tiene números de presos similares y el personal aquí es infinitamente menor. Decían que no se iba a llenar pero el paso del tiempo les ha quitado la razón». No obstante, la oferta de empleo público «ha crecido, porque han salido 575 plazas. Lo que ocurre es que se construyen cárceles que no llegan a abrirse y que, de ser abiertas, se comerían ese número de plazas por sí solas». Por ello, Llamas solo pide a la Secretaría General el cumplimiento de los ratios oficiales: «Somos pobres hasta para pedir», concluye con una mezcla de ironía e indignación, en un suceso bajo el que parecen surgir situaciones que están lejos de lo deseable.