Hacienda encuentra 'nuedos de conexión' entre la Perla Negra y la trama eólica

Este singular pool agrupación voluntaria de empresas que conservan su personalidad jurídica, pero realizan una política común para restringir la competencia y aumentar sus beneficios, con el concurso de cargos de vinculados a la Consejería de Economía, habrían orquestado un «acuerdo marco» que habría permitido a las multinacionales de la energía entrar y repartirse el mercado eólico en Castilla y León. Hacerse con la tarta eólica les habría costado 110 millones de euros.

«Los importes transferidos (a los grupos de Castilla y León), sin motivos económicos válidos, son tan exorbitantes que multiplican lo que, en otros casos, se denominan comisiones ilegales». Esta es la conclusión del informe de la trama eólica del que todo el mundo habla desde que saltó el asunto a la prensa en abril de 2015, pero que nadie tiene o dice que tiene. El mismo que la Fiscalía Anticorrupción denegó facilitar a la comisión de las Cortes de Castilla y León argumentando la privacidad de los datos tributarios y el secreto de la investigación, bajo la coordinación del fiscal Tomás Herranz, especialista en delitos económicos. Una investigación que, como puntualizó en Valladolid la fiscal superior del Estado, Consuelo Madrigal, no va a ralentizarse por las elecciones del 26-J.

Concesiones

El inspector de la AEAT detecta en las concesiones para la instalación de parques eólicos que «hay una firma ingente de resoluciones cuando Delgado deja de ser viceconsejero y pasa a ser secretario general». En todos los casos inspeccionados, «la aceleración repentina de los trámites guarda estrecha relación con el cambio de titularidad de los derechos administrativos de los parques a favor de estas sociedades».

El informe se refiere ampliamente a Rafael Delgado, mano derecha durante 15 años del consejero de Economía, Tomás Villanueva, que cesó «a petición propia» en 2011 tras ocupar diversos cargos de responsabilidad tanto en la Consejería, como en las sociedades públicas Gesturcal (de gestión de suelo industrial) y ADE Parques, resultado de la fusión de Gesturcal, en 2008, con la deficitaria Parques Tecnológicos, que se había creado para poner en marcha el parque tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Gesturcal (ADE Parques) fue encargada por Economía para llevar a término las operaciones de compra del edificio sede de ADE en Arroyo de la Encomienda, adjudicada a Urban Proyecta PM3, y de los terrenos a Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba (Industrias San Cayetano), donde iba a instalarse el parque industrial para «aprovechar las sinergias» de la autovía Segovia-Madrid.

Delgado es uno de los 26 cargos, excargos de la Junta y empresarios de Castilla y León investigados por supuesta malversación de fondos en estas operaciones que tendrán que declarar a partir del próximo octubre, cuando se retomen los interrogatorios que se siguen desde mayo en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid.

También lo hará Alberto Esgueva, otro nombre recurrente en la abultada documentación que se maneja en el Juzgado número 2 relacionada con el caso Perla Negra, que también tiene un papel estelar en el informe de la trama eólica de Anticorrupción. El inspector menciona facturaciones de Though Trade a Intercatia Corporación (que absorbe a San Cayetano Wind), una cuenta «desde la que se transfieren importantes cantidades de dinero a las cuentas de sociedades propiedad de Rafael Delgado, quien había firmado la mayor parte de autorizaciones de los parques de los que se benefició San Cayetano Wind».

Esgueva, quien fuera director de Excal, la división de Creación de Empresas, Internacionalización y Servicios de ADE entre el 19 de marzo de 2005 y el 3 de febrero de 2006, mantuvo relaciones empresariales con uno de los administradores de Urban Proyecta PM3, Germán Martín Giraldo. Ambos fueron consejeros de tres sociedades dedicadas a la producción de energía: Vientos de Gata, Vientos de Tamara y Energías Renovables de Ávila.

Autoridades de Castilla y León

El autor del informe ve indicios de la existencia organizada de «un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones, mantenida a lo largo del tiempo, en la que intervinieron autoridades públicas de Castilla y León» que, «previa advocación de competencias, firmaron y otorgaron las autorizaciones administrativas necesarias para la instalación de parques eólicos». Argumenta que las empresas eléctricas que iban a instalar y explotar esos parques, de las que procedió la transferencia de fondos o acciones por importe superior a los 110 millones de euros «fueron a parar a determinadas sociedades propiedad de empresarios locales, sin motivos económicos válidos». Los intermediarios promotores obtuvieron las autorizaciones para traspasarlas a las empresas «previamente determinadas», que transfirieron a los empresarios locales «parte del dinero que recibieron de las empresas del sector eléctrico por la transmisión de las autorizaciones».

«Asociación teledirigida»

Para que pudiera avanzar la tramitación y fuera otorgada la autorización de los parques, fue precisa una «asociación teledirigida con grupos económicos de la comunidad propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda, cargos, o que tenían importantes relaciones económicas» con la Junta. Menciona expresamente a los empresarios Alberto Esgueva y Andrés Martín Paz, así como al grupo Parqueolid.

«No nos encontramos ante relaciones empresariales normales», sostiene el inspector. No es propio de «la lógica mercantil» que «se cedan títulos y expedientes en trámite casi sin coste y la aparente recompra de los títulos por importe cerca de dos mil veces el importe colocado, como ocurre en el caso de San Cayetano Wind». Para el inspector, toda esta ingeniería financiera tenía un solo objetivo: «Dar apariencia legal y mercantil a un evidente traspaso de fondos desde los productores de energía a los grupos empresariales de Castilla y León relacionados con el poder autonómico».