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El Procurador del Común pide a los ayuntamientos un protocolo para los casos del Síndrome de Diógenes

En una actuación de oficio iniciada en enero se ha comprobado que sólo el Ayuntamiento de Salamanca y ahora León disponen de un procedimiento de actuación

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El Procurador del Común inicio el hace unos meses una actuación de oficio tras recibir quejas de vecinos que compartían inmueble con personas que sufrían el denominado Síndrome de Diógenes. A raíz de las reclamaciones, se inició la tramitación donde se pidió información a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León para conocer los protocolos de actuación ante este problema.

Esta patología se presenta habitualmente en personas mayores solitarias que, voluntariamente, optan por el aislamiento social y familiar, la reclusión en el propio hogar y el abandono de la higiene personal, viviendo en condiciones de pobreza extrema y llegando a almacenar ingentes cantidades de basura y desperdicios, con el rechazo de cualquier ayuda o apoyo exterior.

Lamentablemente, cada vez con mayor frecuencia se dan a conocer casos de personas que viven y, en ocasiones fallecen, en estas graves condiciones de insalubridad, miseria y exclusión social.

De conformidad con las estimaciones hospitalarias realizadas en los únicos estudios con carácter epidemiológico que existen, los casos detectados de personas ingresadas en hospitales con Síndrome de Diógenes giran alrededor de entre el 0,44-0,5 por mil habitantes / año.

Lo que supondría aplicando datos de la epidemiología hospitalaria española el 1,7 por mil de los ingresos en hospitales en España de mayores de 65 años (aproximadamente 1.200 nuevos ingresos al año). Se afirma también que el 3% de las personas mayores de 65 años tienen riesgo de padecer Síndrome de Diógenes. La incidencia anual en España podría estimarse en unos 3.200 casos nuevos anuales, con una prevalencia probable del 0,5%. A su vez, se ha estimado en 140.000 personas la población de riesgo de padecer la enfermedad.

Aunque no constan estudios epidemiológicos en el caso de Castilla y León se ha trabajado con los datos facilitados por los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes sobre los casos detectados de Síndrome de Diógenes, que dejan un balance de 14 casos en los últimos cuatro años en la provincia de León.

Salubridad y salud pública

Estas situaciones originan importantes problemas de salubridad y seguridad pública en nuestra sociedad, pues junto al claro riesgo que se origina para las personas afectadas (con negación de la situación patológica), ello incide igualmente en la vecindad, al generarse malos olores e, incluso, plagas, riesgo de incendio, entre otros, que contribuyen a generar alarma social.

Tras recibir la información se detecto que salvo el Ayuntamiento de Salamanca que tenía elaborado un protocolo de actuación y León que lo aprobó recientemente, el resto de ayuntamientos no cuentan con la unificación de las medidas a seguir, tanto en la identificación de la problemática como en la intervención de los profesionales y sistemas públicos.

Objetivo que podría alcanzarse a través de una actuación protocolizada o protocolo de intervención interadministrativa e interprofesional que, con la participación de todos los sectores implicados, facilitase y unificase las estrategias de actuación en estos casos.

Por esa razón, el Procurador del Común propone que se proceda a la elaboración y aprobación de un protocolo de actuación ante situaciones de riesgos para la salud pública o de insalubridad en viviendas y locales (originadas por casos, entre otros posibles, de Síndrome de Diógenes), en el que se establezcan las instrucciones o pautas comunes de intervención conjunta de los profesionales o agentes implicados (servicios sociales, sanitarios, de limpieza, policiales, judiciales...), que permitan desarrollar una actuación coordinada que resuelva eficazmente estas problemáticas, facilitando los recursos sociales necesarios para asistir y apoyar a las personas que generan estas situaciones y prevenir la reaparición de conductas similares, y controlando o subsanando las deficiencias en las viviendas de los afectados para recuperar las adecuadas condiciones de habitabilidad.