Solo el acuerdo con la UE puede paliar la crisis política británica

Protestas entre partidarios y contrarios al 'brexit'. /Henry Nicholls (Reuters)
Protestas entre partidarios y contrarios al 'brexit'. / Henry Nicholls (Reuters)

Lejos de sufrir una fractura constitucional, instituciones y protagonistas cumplen el rol que les corresponde

IÑIGO GURRUCHAGACorresponsal en Londres (Reino Unido)

La Autoridad de Estándares de la Publicidad (ASA) ha prohibido al Ministerio de Interior que emita de nuevo un anuncio radiofónico en el que explicaba a los residentes comunitarios en Reino Unido cómo deben solicitar el estatus de asentados que les permitirá la residencia por tiempo indefinido, porque les 'engaña' sobre los trámites necesarios.

El anuncio se emitió en abril. Explicaba que los solicitantes deben enviar a través de sus móviles o de un portal de internet su fotografía y su pasaporte. Casi un tercio de los 3.5 millones de residentes ya han obtenido ese estatus- más generoso que el ofrecido a residentes británicos en Francia- pero la ASA afirma que un 27% de solicitantes tuvo que enviar documentos adicionales, facturas de electricidad o impuestos municipales para confirmar la residencia, y por tanto no puede emitirse de nuevo.

Esta prohibición ha coincido con la supuesta crisis constitucional provocada por la decisión de Boris Johnson de reducir los días disponibles para que la oposición en el Parlamento intente detener una salida de la UE sin acuerdo. Los pesimistas pueden interpretar la coincidencia de estos dos hechos como otro síntoma del caos hacia el que estaría despeñándose Reino Unido. También es posible otra interpretación.

Como han hecho el Ministerio de Interior y la ASA sobre el anuncio, en la supuesta crisis constitucional Johnson, la reina Isabel II, la oposición o el presidente del Parlamento están cumpliendo con el papel que les corresponde. Johnson utilizada el poder que ostenta, la reina actúa con neutralidad política, la oposición quiere derribar al Gobierno y Bercow defiende al Legislativo frente al Ejecutivo.

Mitad y mitad

La constitución británica es una suma no codificada de leyes, sentencias judiciales y convenciones. Las normas y prácticas del Parlamento se compilan en cientos de páginas publicadas inicialmente en la mitad del siglo XIX, con referencias a las reglas del siglo XVII y actualizadas periódicamente. El presidente de los Comunes, Bercow, las ha publicado por primera vez en internet, pero no es fácil averiguar si alguien está incumpliendo algún precepto.

Es la división política del país tras el referéndum de 2016 la que causa un debate agrio sobre un pilar básico de la constitución británica, la soberanía del Parlamento. Los parlamentaristas se movilizan con el eslogan 'Stop The Coup», 'parad el golpe' de Johnson. El historiador, Robert Tombs, partidario del 'brexit', ha criticado en 'The Times' agriamente a Bercow y a quienes planean «un golpe del Parlamento contra el Gobierno», tildando de fantasía del XIX la idea de que sea la fuente histórica de los derechos de los británicos.

Un referéndum de formulación ruda y con resultado ajustado, un Parlamento sin clara mayoría y un Gobierno de Theresa May que gestionó torpemente una coyuntura compleja han causado una polarización enquistada en dos bandos, que Johnson quiere convertir ahora en una mayoría más estable apelando a la soberanía del pueblo frente al Parlamento y a la Unión Europea.

Si se produce el 'brexit' abrupto, la mitad de los británicos se sentirá traicionada. Si el Parlamento bloquea el 'brexit', la otra mitad sentirá igual desgarro. No hay remedios constitucionales a ese problema. Solo un acuerdo con la UE para una marcha ordenada ofrece un horizonte de conciliación para evitar más agravamiento de esta insólita crisis política en los tiempos modernos de Reino Unido.