El pacto PP-Cs, pendiente del reparto de consejerías y las diligencias abiertas en Salamanca

Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha, durante la negociación mantenida el pasado 5 de junio en las Cortes de Castilla y León. /A. Mingueza
Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha, durante la negociación mantenida el pasado 5 de junio en las Cortes de Castilla y León. / A. Mingueza

Igea, que opta a la Vicepresidencia, pretende que las áreas del Consejo de Gobierno se distribuyan a partes iguales

Mar Domínguez
MAR DOMÍNGUEZValladolid

Ciudadanos quiere que antes de 48 horas esté cerrado el acuerdo con el PP para gobernar Castilla y León, aunque este pasa por que los populares acepten que el reparto de las consejerías sea paritario y, sobre todo, que se recoja la dimisión de cualquier miembro del Gobierno regional que pueda resultar investigado judicialmente por corrupción política. La dirección regional del partido naranja va más allá y no oculta que el acuerdo debe contemplar que Alfonso Fernández Mañueco dimita si acabara procesado por posible fraude en las primarias del PP de 2017.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca instruye diligencias las la presentación el 4 de junio de una denuncia anónima en la que se impugna el proceso de primarias del PP de Castilla y León, que ganó Alfonso Fernández Mañueco en 2017.

Según esta denuncia, Fernández Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, solicitó, junto a otros dos concejales, dinero a cargos y asesores del partido (con cantidades de 300 y 500 euros) para pagar las cuotas de afiliados y que, una vez al día, pudiesen votar por él durante el proceso de primarias. La denuncia expone que parte de esos gastos se cubrieron con dinero en B procedente de comisiones ilegales y se aporta el nombre de concejales y diputados provinciales que no estuvieron de acuerdo con esa supuesta forma de proceder.

Fuentes de la mesa de negociación reconocen que en la distribución de responsabilidades de gobierno, Francisco Igea, líder de la formación naranja en Castilla y León y procurador electo, ocuparía la Vicepresidencia de la Junta, mientras que la presidencia recaería en Mañueco. El resto de consejerías se distribuirían a partes iguales entre las dos formaciones.

Está previsto que este viernes se dé a conocer el acuerdo de gobierno, aunque desde el partido de Rivera se insiste en el punto quinto de su decálogo, que recoge que «cesaremos automáticamente a los cargos públicos que sean imputados formalmente por delitos de corrupción política hasta que se aclare su situación judicial».