Los jueces contrarios al fallo de las hipotecas ven «gravemente quebrantada» la confianza en la justicia

Fachada principal de la sede del Tribunal Supremo en Madrid./Alberto Ferreras
Fachada principal de la sede del Tribunal Supremo en Madrid. / Alberto Ferreras

Once de los 13 que votaron en contra de volver a cargar al cliente ese impuesto suscriben votos particulares frente a las «medias verdades» de la exigua mayoría | «Cómo podrá pedirse el respeto» a la jurisprudencia si «el propio Tribunal Supremo pone en cuestión su valor», se pregunta el expresidente de la Sala Tercera

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Tribunal Supremo, y en concreto su Sala de lo Contencioso-Administrativo, siguen divididos en torno a la controvertida decisión que tomó hace tres semanas, volviendo a hacer recaer en el cliente la obligación de abonar el llamado impuesto hipotecario, esto es, el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), criterio que finalmente revertió el Gobierno vía decreto-ley y que luego ha sido respaldado por el Parlamento. La mejor prueba de dicho conflicto han sido los votos particulares discrepantes frente a dicha sentencia, publicada este martes, presentados por once de los trece magistrados que votaron en contra frente a una exigua mayoría de solo 15. Uno de los miembros de esta última también redactó otro voto, aunque en su caso concurrente, únicamente para matizar sus diferencias de orden técnico respecto al procedimiento utilizado.

La critica aparentemente más severa la realiza el presidente de la Sección Segunda de dicha Sala, responsable de los tres fallos dictados entre el 16 y el 23 de octubre que cargaban el pago de dicho tributo a las entidades financieras. Para el magistrado Nicolás Maurandi, la confianza en la justicia «queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado –esto es, el Supremo– lo deja sin efecto».

Se reafirma así en que la apretada mayoría que anuló después su criterio no ha justificado que el primer tribunal –formado por seis magistrados, y con un solo voto discrepante– incurriera en «un claro desacierto jurídico». En todo caso, apunta, dado lo equivoco del texto legal que regulaba el gravamen de AJD hubiera bastado con señalar la no retroactividad de sus resoluciones.

Otros votos particulares frente a la polémica decisión del Pleno de la Sala Tercera el pasado 7 de noviembre inciden en la mala imagen dada a la ciudadanía pues, lejos de dar la impresión de hacer justicia, «siembra desconcierto» porque «en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose». «Lo más preocupante, con mucho –advierten–, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad, muy en especial a los jueces y magistrados que integran la carrera judicial, que pueden quedar perplejos con estas actitudes belicosas».

«Reprimenda inaudita»

Así, lamentan «el desapacible tono empleado en las sentencias» de las que discrepan, donde aprecian una «reprimenda inaudita» a la Sección Segunda por su cambio de criterio. Y ello, además, con «razones tan fogosamente manifestadas que causan gran desconcierto y perplejidad», sobre todo si «se leen en una sentencia del Tribunal Supremo».

«Los argumentos jurídicos se vuelven anémicos –se insiste en los votos particulares sobre las resoluciones de la mayoría de la Sala–, decaen por su propia debilidad y vienen a ser reemplazados por la descalificación hiriente, comprensiva de una batería de afirmaciones que parecen poco meditadas». Las aguas, por tanto, parecen lejos de calmarse. «Causan extraordinaria preocupación los derroteros que ha tomado este asunto», reconocen con pesimismo, sobre todo cuando se cae en «un desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentación poco rigurosa».

Más técnico, aunque no menos severo, es el expresidente de la Sala de lo Contencioso, José Manuel Sieira, en otro de los votos particulares. Así, aunque admite que el polémico Pleno fue «válido», sostiene que el mismo argumento usado para justificarlo –que «la cuestión litigiosa suscitada reviste trascendencia general»– resulta «una afirmación genérica predicable de la inmensa mayoría de los recursos de que conoce» la misma instancia judicial. Tanto es así, subraya, que de seguirse siempre el mismo criterio habría que celebrar sesiones plenarias para resolver todos los recursos.

«No estamos ante cuestiones transversales, ni ante un supuesto en el que exista contradicción con sentencias anteriores de la misma Sección o del Pleno de la Sala», argumenta este veterano juez, para quien aquel cambio de criterio, «motivado y explicito», fue «justamente lo contrario a la contración».

Precedente peligroso

Por eso la actuación dirigida por su sucesor al frente de la Sala, Luis Díez-Picazo -a quien llegó a reprochar haber «hurtado el debate» en aquel Pleno por limitar su alcance y someter a votación una propuesta predeterminada- supone para él falta de «un mínimo de rigor jurídico», sin que sea indiferente «la forma y premura» en que se revisó un fallo ya firme y, en este caso, contrario a los intereses de la banca. El precedente creado es tan peligroso, previene Sieira, que «si el propio Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, cómo podrá pedirse el respeto a ella por los Juzgados y Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional».

«El Derecho es algo vivo que evoluciona como consecuencia de la interpretación de las normas jurídicas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico», explica el magistrado para a continuación afirmar que «no cabe sostener que no se han producido modificaciones en la realidad social» desde que se fijó «hace más de treinta años» la primera jurisprudencia sobre este tipo de asuntos «y el momento actual». «Basta -argumenta- considerar la relevancia que hoy alcanza la tutela de los derechos de los consumidores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional», así como «dirigir la mirada a las sentencias en la materia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en lo que atañe a los negocios jurídicos bancarios», para en definitiva «darse cuenta de lo contrario».

Para evitar el «arbitrismo judicial»

Los 15 magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que votaron a favor de corregir a una de sus secciones, y cargar de nuevo a los clientes el impuesto hipotecario (AJD), defendieron este martes su decisión en aras a corregir el «arbitrismo judicial» en que podían haber incurrido sus compañeros discrepantes.

La decisión que tomaron seis de ellos, sostienen en su sentencia, supuso un «drástico viraje jurisprudencial». Por eso ven «ciertamente insólito» que se critique que un órgano superior (el Pleno de la Sala) pueda rectificarles, sobre todo cuando hicieron un análisis «fragmentario y parcial».

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