Los vecinos podrán vetar por mayoría simple los pisos turísticos en sus edificios

Carteles contra los pisos turisticos en la Barceloneta. /Inés Baucells
Carteles contra los pisos turisticos en la Barceloneta. / Inés Baucells

Solo harán falta tres quintas partes de apoyos en una comunidad para limitar esta actividad, para la que se creará un registro estatal único

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El límite a la proliferación de las viviendas alquiladas para uso turístico turístico que están invadiendo los centros de la mayor parte de las ciudades lo podrán los propios vecinos que viven pared con pared con este tipo de inmuebles. La idea de que sean las comunidades las que puedan vetar esta actividad en auge, y que genera numerosos ingresos para los propietarios de esas propiedades, ha surgido fruto de la negociación de la mesa de trabajo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para regular esta actividad.

Se trata de una primera reunión de este grupo, en el que han participado los representantes del ramo de las comunidades autónomas, así como el Ministerio de Fomento y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En concreto, han establecido que podrá ser una mayoría simple -tres quintas partes- de los vecinos los que prohíban, en su caso el establecimiento de los pisos turísticos.

La propuesta implica, en buena medida, que se traslada a los propietarios la responsabilidad de determinar cuándo se puede usar una vivienda para esos fines económicos, teniendo en cuenta las molestias que suelen causar al resto de propietarios por la continua entrada y salida de turistas en los bloques donde existan estas viviendas de alquiler temporal. La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, aclaró este martes que todas las comunidades han mostrado unanimidad a la hora de cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para rebajar la mayoría necesaria para la toma de cualquier tipo de decisión en este sentido.

El auge de este tipo de alquileres que se produce coincidiendo con una cierta desaceleración del crecimiento del sector turístico en España ha llevado al Ejecutivo a proponer la modificación de dos leyes clave en materia de vivienda para regular este fenómeno: la Ley de Arrendamientos Urbanos, para acotar el alquiler de temporada «una cuestión demandada por las comunidades autónomas para evitar lagunas en sus ordenamientos jurídicos», así como la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en el sentido de modificar la mayoría necesaria para realizar un cambio de estatutos.

La secretaria de Estado de Turismo ha destacado el papel de las comunidades y ayuntamientos en materia de ordenación turística. «El Gobierno no va a entrar en ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma. Tenemos muy claro cuales son las competencias estatales y las de las comunidades autónomas. Las competencias en materia de ordenación turística son exclusivas de las comunidades. Cada región legisla según aquello que piense que va ser mejor a su comunidad», explicó la secretaria de Estado, puntualizando en que «no va a haber una armonización».

La Administración se está planteando la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico como instrumento de control y regulación que les servirá a las comunidades autónomas para verificar que se cumple su norma.

Información de utilidad

Sería un registro estatal único con el objetivo de otorgar seguridad jurídica tanto a la persona que alquila como a la que quiere alquilar. Estaría conectado con el Ministerio de Interior para en tiempo real saber las personas que están en cada una de las viviendas, conectado con Hacienda para que se cumplan las obligaciones tributarias. «Tendríamos un mapa de viviendas de uso turístico que ahora mismo no tenemos», según Oliver.

El grupo de trabajo también se encuentra en estos momentos discutiendo la propuesta sobre la definición única de vivienda de uso turístico, un aspecto que aún no está cerrado. Además, Oliver anunció que en unos días se retomará la reunión para concretar los acuerdos. Después habrá más encuentros donde se dará voz a aquellas entidades, plataformas, asociaciones de consumidores, sindicatos y agentes ligados a esta problemática.

 

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