La Unión Europea tacha de «erróneo» crucificar a todos los vehículos diésel

Un hombre llena el depósito de su vehículo diésel. /Reuters
Un hombre llena el depósito de su vehículo diésel. / Reuters

Hacienda cree que los ciudadanos van a notar «de forma mínima» el alza de 10 céntimos por litro porque se realizará «progresivamente»

EDURNE MARTÍNEZ y JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, ha echado un jarro de agua fría al Gobierno en su propuesta para penalizar el uso de combustible diésel con más impuestos que igualen su precio al de la gasolina, al indicar que es «erróneo» hablar del gasóleo «en general», ya que hay vehículos que utilizan este producto que puede ser limpio y otros tipos de diésel que «no lo son tanto».

Con estas palabras, el representante energético de la Unión Europea se desvinculó de los argumentos que señalan a Bruselas como primer incentivador del final del diésel al recordar que la Comisión Europea «no induce a ninguna tecnología» en concreto. Aunque sí reconoció que el gobierno comunitario establece unos límites para alcanzar los objetivos de descarbonización. Pero «será la innovación la que diga cómo alcanzar» esas perspectivas de emisiones.

De hecho, Arias Cañete estima que en el año 2030 habrá previsiblemente entre un 80% y un 60% del parque de vehículos de combustión, esto es, diésel o de gasolina; y entre todos ellos «habrá de todo», en cuanto a modelos de coches. «Vamos a un proceso de descarbonización y electrificación, pero tiene que tener periodos progresivos», argumentó para no demonizar al gasoil.

La realidad es que la mayor parte de las ventas de vehículos nuevos que se comercializan en España ya las lideran los de gasolina. Hasta junio, un 57% de los modelos eran de esta tipología, frente a un 37,4% de diésel y un 5,6%, eléctricos. Hasta hace poco más de un año, las estadísticas de ventas mostraban un liderazgo de los vehículos de gasoil, influido fundamentalmente por las ventajas en los precios de este combustible.

En el caso de los eléctricos, Arias Cañete advirtió del ritmo de crecimiento en la penetración de estos modelos, que deberían pasar de los 17.000 que había el año pasado hasta los más de dos millones para cumplir el objetivo del 30% y a casi cuatro millones de unidades para alcanzar el 50% del total.

Ante el temor que se pueda generar entre los conductores que usen diésel -sobre todo particulares-, la subida de impuestos que afectará a este combustible será de forma «tan progresiva» que los ciudadanos lo notarán de forma «mínima», aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las pequeñas y medianas empresas, los profesionales y los autónomos quedarán eximidos de la subida de la fiscalidad del diésel. Es la primera vez que la titular de Hacienda habla de cómo afectará esta subida a los ciudadanos y quiso calmar los ánimos: «Ni siquiera se va a percibir», llegó a decir la ministra.

Subida «gradual»

Desde el ministerio confirmaron que «cualquier cambio que se haga sobre el diésel será progresivo a lo largo de los años», por lo que no se tratará de una subida única sino «gradual» para que sea «más moderada». Aunque todavía se está definiendo, la idea del gabinete de Montero es que esta subida se reparta en varios años. «No sabemos plazos porque además estos temas de fiscalidad verde se están trabajando con el Ministerio de Transición Energética», precisaron fuentes de Hacienda.

En una primera fase, se subirá el Impuesto de Sociedades a un mínimo «real» del 15% y se creará el impuesto a las empresas tecnológicas. Por tanto, la subida del impuesto al diésel se realizará en una segunda fase y «no está aún tan definido cómo va a ser». Montero enmarcó esta iniciativa en los cambios que baraja introducir el Gobierno en materia de fiscalidad medioambiental, buscando no tanto aumentar la capacidad recaudatoria para el Estado, sino impulsar su efecto disuasorio.

Sobre los nuevos impuestos, Montero explicó que «hasta ahora, las pymes estaban tributando más que las grandes empresas. Eso no tiene sentido», e incidió en que se trata de que las grandes corporaciones tributen al tipo teórico establecido en el Impuesto de Sociedades. Además, indicó que la presión fiscal en España es ocho puntos inferior a la de la media de la UE, y destacó que el problema del país es de ingresos.

 

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