La justicia de la UE reabre el caso del viejo sistema del tax lease de los astilleros españoles

Astillero de Naval Gijón./Efe
Astillero de Naval Gijón. / Efe

La Comisión concluyó en su día que eran ayudas de Estado ilegales pero el Tribunal General de la UE tumbó esta decisión en 2015

ADOLFO LORENTEBruselas Corresponsal

Vuelven los viejos fantasmas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha enmendado la plana al Tribunal General de la UE y ha anulado su sentencia del 17 de diciembre de 2015 en la que daba por bueno el «sistema español de arrendamiento fiscal» del que se sirvieron los astilleros para salir a flote entre 2001 y 2011. Es el llamado 'tax lease' que tantos quebraderos de cabeza le dio al excomisario español de Competencia, Joaquín Almunia, quien aseguró que constituia una ayuda de Estado ilegal. Así lo decidió la Comisión en julio de 2013, hace ahora cinco años.

¿Y ahora, qué? Lo que los magistrados de Luxemburgo han decidido es devolver el caso al Tribunal General para que vuelva a analizar todo el caso al considerar que la sentencia contiene «errores de derecho» por interpretar mal los Tratados. Es decir, que estiman el recurso de casación presentado en su día por la Comisión contra la sentencia de diciembre de 2015. Dicho de otro modo. Todo queda en el aire. Todo es posible. Todo vuelve a quedar en manos de los primeros jueces que analizaron el caso aunque ahora, eso sí, deberán hacerlo teniendo en cuenta los criterios establecidos por el TJUE, la máxima instancia jurisdiccional comunitaria.

El sistema de arrendamiento permitía generar créditos fiscales a las empresas que invertían en la construcción de buques para su posterior arrendamiento y venta a navieras, que a su vez los compraban con un descuento de entre el 20% y el 30%. Las empresas rebajaban su factura fiscal, los astilleros recibían pedidos y generaban empleo y las navieras adquirían barcos más baratos. Bruselas consideró esta práctica una ayuda de Estado ilegal y obligó a Hacienda a calcular y reclamar el importe no embolsado por los inversores, pero eximió a las navieras y a los astilleros. Haciendo las calculó en 126 millones pero la Comisión nunca se creyó esa cifra. Ojo, no se trata de ninguna multa, sólo de recuperar las ayudas concedidas.

 

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