El Gobierno aplaza a la próxima legislatura el convenio especial para parados

«En la medida de lo posible abordaremos esta cuestión, mediando el resultado de las elecciones, en la próxima legislatura», aseguró el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, tal y como recoge la agencia Efe. Y justificó este retraso: «Nadie nos ha planteado hasta ahora que podamos hacerlo como Gobierno en funciones». Es más, Granado mostró incluso sus dudas acerca de la mejor manera de hacerlo y admitió que desconocía si podría realizarse «simplemente como orden ministerial o como decreto». Asimismo, reconoció que esta medida no cuenta con la consideración «unánime» de los interlocutores sociales y se comprometió a que pasará por la mesa de diálogo social para que la patronal y las organizaciones de los trabajadores aporten sus valoraciones.

Ésta fue precisamente una de las muchas críticas que recibió el Gobierno por parte de los sindicatos cuando hace poco más de una semana saltó a la luz que el Ministerio de Trabajo estaba elaborando una orden ministerial para crear una nueva modalidad de convenio especial para quienes hubieran estado en paro durante el periodo de la crisis. Es más, la noticia se conoció porque el documento que elaboraba el reglamento necesario para ponerlo en marcha se sometió en el mes de septiembre a consulta pública, lo que supone el último paso para su puesta en marcha. UGT y CC OO se quejaron de que nadie había consultado con ellos y criticaron una medida que consideran «insuficiente» y «muy escasa».

En dicho texto Trabajo estableció que podrían suscribir de forma voluntaria el nuevo convenio especial quienes acrediten, a la fecha de entrada en vigor de la norma reglamentaria, una edad comprendida entre los 35 y 43 años, así como una laguna de cotización de, al menos, tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018 con el propósito de que recuperen un máximo de dos años de ese periodo de recesión. El objetivo del Gobierno es «reducir el impacto negativo de la crisis económica de 2008 en las pensiones» de esos trabajadores que fueron expulsados del mercado de trabajo durante largos períodos de tiempo, lo que puede suponerles un recorte en su futura jubilación, según explica el documento. Estas cotizaciones computarán exclusivamente a los efectos de las prestaciones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, llevándose a cabo en los términos que se determine reglamentariamente, puntualiza.

A su vez, la norma precisa que se permitirá que también suscriban el convenio quienes hayan cumplido 44 años de edad dentro de los tres meses anteriores a su entrada en vigor, debido al largo periodo de tiempo transcurrido, más de un año, desde el 1 de julio de 2018 (cuando termina el plazo) hasta la aprobación de la norma que regula este convenio, para «evitar que se vean perjudicados por la demora en su tramitación».

Desde UGT criticaron con dureza principalmente que se ponga un límite de edad a los beneficiarios, ya que afectará a «muy pocos», también porque quienes lo suscriban deberán pagar unos 6.500 euros, según estimó el sindicato.