Rato pide paralizar su encarcelamiento hasta que se pronuncie el Constitucional

Rodrigo Rato, a la salida de la Audiencia Nacional./EFE
Rodrigo Rato, a la salida de la Audiencia Nacional. / EFE

El viernes finaliza el plazo para que trece ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia empiecen a cumplir sus penas por las tarjetas 'black'

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en el 'clavo ardiendo' al que quieren agarrarse parte de los trece ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia que deben ingresar en prisión antes del viernes próximo, a fin de empezar a cumplir sus condenas por el despilfarro multimillonario que cometieron con las tarjetas 'black' entre 1996 y 2012. Con Rodrigo Rato a la cabeza, varios de ellos han pedido este lunes a la Audiencia Nacional que paralice ese plazo hasta que el órgano máximo intérprete de la Carta Magna se pronuncie sobre los recursos de amparo que han interpuesto.

Su principal argumento es que si el TC los admite a trámite, lo «habitual» con arreglo a su doctrina es que suspenda la ejecución de las penas inferiores a cinco años de cárcel 'sine die' hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto, trámite que puede tardar más de un año. Fuentes judiciales admiten que es lo acostumbrado en ese tribunal, aunque no es un criterio «fijo». En cualquier caso, los condenados por las «black» que han recurrido se aferran a esa posibilidad para que la Audiencia paralice temporalmente su encarcelamiento.

Lo normal es que el Constitucional tarde varias semanas en pronunciarse sobre esa admisión y ellos quieren mantenerse en libertad hasta entonces de manera preventiva, aunque cumpliendo las medidas cautelares que les pudieran imponer los jueces, por ejemplo, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas. Sin embargo, el hecho de que no se haya cubierto la totalidad de la fianza solidaria de 12 millones de euros que impuso la sentencia, en concepto de indemnización para las dos entidades financieras citadas, juega en su contra.

La Fiscalía Anticorrupción, que será consultada a este respecto por la Audiencia, se opone en principio a la suspensión de su encarcelamiento. Según fuentes jurídicas, en el Ministerio Público niegan que se hayan podido vulnerar derechos fundamentales de los condenados -por ejemplo, la tutela judicial efectiva por la supuesta existencia de un juicio «paralelo» en la sociedad que podría haber condicionado el fallo-, ni en la fase de instrucción del caso ni durante el juicio, algo que ya sostuvieron sus representantes meses atrás al oponerse a los recursos de las defensas ante el Tribunal Supremo.

Rato fue condenado a cuatro años y medio por las tarjetas «black» (denominadas así por su carácter opaco para el fisco), la mayor pena para los 64 ex altos cargos porque él presidía la caja de ahorros madrileña y el banco que la sucedió. Se les considera autores de un delito continuado de apropiación indebida por cada gasto o disposición de dinero que hicieron con ellas. Debería entrar en prisión a lo más tardar este jueves, al haber recogido su sentencia un día antes de lo previsto. El resto de castigados con más de dos años de cárcel dispondrán de 24 horas más.

Dos ya esperan en prisión

En esa lista destacan los exsindicalistas Francisco Baquero (tres años y dos meses de cárcel), Rodolfo Benito (tres años) y Gonzalo Martín Pascual (tres años), además de dos exresponsables regionales de PSOE e IU, Antonio Romero (tres años y dos meses) y José Antonio Moral Santín (cuatro años), respectivamente. No obstante, desde la semana pasada ya hay dos condenados en prisión.

El primero fue el exdirigente de CC OO Antonio del Rey (dos años y seis meses), que el miércoles pasado se presentó en un centro de inserción social y un día después fue trasladado a la cárcel de Navalcarnero –el reo elige si no concurren circunstancias extraordinarias–. El mismo jueves entró en la prisión de Soto del Real -la misma que podría terminar eligiendo Rato si finalmente no se suspende su pena- Estanislao Rodríguez Ponga (tres años y dos meses), que fue secretario de Estado de Hacienda en una de las legislaturas de José María Aznar como presidente .

En la sentencia del Supremo a Rato –quien fue vicepresidente económico del Gobierno y dirigente del PP antes de encabezar el FMI, y luego dirigir la caja de ahorros madrileña– se le imputa directamente «mantener conscientemente, e incluso ampliar a otras personas» un modelo de tarjetas VISA de funcionamiento «opaco», fuera de las retribuciones pactadas y/o autorizadas y que «tampoco aparecían» en las declaraciones de impuestos. Gracias a ello gastaron «sin justificación alguna» en compras de joyas, viajes, supermercados, arte sacro e incluso lencería, además de realizar importantes retiradas de metálico en cajeros.

Prácticamente la mitad de los condenados por las «black» -35 personas con el propio Rato a la cabeza, incluidas tres jurídicas: Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte- se sentarán en el banquillo de la Audiencia desde el próximo 26 de noviembre por la polémica salida a Bolsa del banco en julio de 2011. Están acusados de falsear las cuentas anuales y engañar a los inversores antes de ese estreno en el mercado. Se enfrentan entre todos a 363 años de prisión y la pena más alta, doce años, se pide para el expolítico como expresidente de la entidad y también para su entonces 'mano derecha', José Manuel Fernández Norniella.

Precedentes en la banca

Rodrigo Rato no sería, en cualquier caso, el primer banquero que cumpla condena en la cárcel en la reciente etapa democrática. Aparte de Mario Conde por su ruinosa e irregular gestión de Banesto (sentenciado en 2001, aunque en 1997 ya entró en prisión por el caso 'Argentia Trust'), en 2016 entraron en prisión el expresidente de NCG (fruto de la fusión de las cajas gallegas Caixanova y Novacaixagalicia), Julio Fernández Gayoso y otros tres exdirectivos de la entidad para cumplir una pena de dos años por sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida (como en las «black») por las prejubilaciones multimillonarias que se autoconcedieron.

Aparte, el expolítico tiene abierta otra causa por su presunto enriquecimiento ilícito -se le atribuye el control de un patrimonio de más de 26 millones de euros, del que presuntamente una parte habría sido ocultado al fisco-, impulsada por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. Se le investiga en un juzgado madrileño por delitos contra la Hacienda Pública que podría haber cometido entre 2012 y 2015 (le acusan de defraudar 5,4 millones), cobro de comisiones supuestamente ilícitas en su última etapa como banquero (corrupción entre particulares) y blanqueo de capitales.

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