Ribera se ratifica: el fin de las ventas de coches de combustión será en 2040

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. /EFE
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. / EFE

La ministra de Transición Ecológica se felicita porque con ese anuncio se haya abierto el debate de transformación de la industria automovilística

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

La intención del Gobierno de restringir la comercialización de vehículos que contaminen a partir del año 2040 se mantiene sin cambios, tal y como ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante las dudas surgidas en los últimos días en torno a la negociación de lo que será la futura Ley de Cambio Climático. «Creemos que es la mejor fecha, no solo para nosotros, sino también por lo que ha indicado la Comisión Europea», ha afirmado Ribera tras rechazar cualquier cambio de criterio en esta materia en el seno del Ejecutivo.

La responsable del departamento energético y climático del Gobierno ha subrayado «la importancia» de «fijar una fecha de referencia», como será 2040, para «dar estabilidad y facilitar el proceso de transformación de la industria» afectada por la medida. Ribera ha minimizado la importancia de los borradores de trabajo que no dejaban clara la referencia de 2040 para prohibir las ventas de coches de diésel o gasolina y dejar espacio a los eléctricos o los de hidrógeno, entre otros tecnológicamente 'neutros'.

La ministra ha llegado a apuntar que esa limitación, para dentro de 21 años, es incluso «prudente» con respecto a las restricciones que tienen previsto imponer otros socios europeos. Porque, si no se determina un plazo concreto, «corremos el riesgo de no cumplir con los objetivos» marcados de reducción de emisiones. En concreto, Ribera ha recordado el anuncio realizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha determinado que en 2040 tampoco se podrán vender coches de combustión en ese país. Lo ha hecho «en una sociedad muy ligada al automóvil con dos de las casas más importantes», como PSA y Renault.

Por eso, ha insitido en que los fabricantes «no pueden perder el tren de la transformación» que está llegando a escala global. El Gobierno quiere «facilitar el proceso de actualización de la industria» cumpliendo a la vez objetivos de calidad del aire y clima. Incluso se ha felicitado porque al plantear esta idea sobre los vehículos de combustión, en sectores como el de la automoción, más consciente ahora de que llegarán cambios a los que tendrán que adaptarse. «Me ha sorprendido la sobrerreacción que ha provocado debates sociales fundamentales», ha afirmado la ministra, que afectan a cuestiones técnicas, sociales y laborales. «Es bueno que estas cuestiones de transición energética formen parte de lo que los ciudadanos ven como próximo, algo que les afecta ya», ha indicado.

Competencia fijará los peajes eléctricos

Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica tiene la intención de que a partir de enero sera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el organismo que fije los peajes eléctricos que marcan una buena parte de la tarifa de la luz. Teresa Ribera ha confirmado que las negociaciones entre ambos organismos han avanzado en los últimos meses en una propuesta que viene impuesta por la Comisión Europea. Si España no la aplica, se arriesga a ser multada, como puede ocurrir con otras disposiciones, como la trasposición de la nueva ley hipotecaria.

La ministra ha apuntado que «la politica energetica corresponde al Gobierno, pero los sistemas de tarifas y peajes, a Competencia». Esta era una de las cuestiones que había enfrentdo al anterior titular de Energía, Álvaro Nadal, con el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. El ministro se negaba a otorgar a Competencia esa función al alegar que debía ser el Ejecutivo quien determinara los peajes, teniendo en cuenta cuestiones sociales y políticas, más allá de las meramente eléctricas.

De hecho, Marín Quemada apuntó ya en junio que si la CNMC asumía esta labor de fijar los peajes, podrían subir o bajar, aunque lo harían «con total transparencia y absoluta visibilidad» para que los consumidores puedan elegir entre las diferentes tarifas disponibles.

 

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