El gasto en pensiones registra su mayor subida en más de una década

El Banco de España urge a los políticos a clarificar «cuanto antes» cómo se va a sostener el sistema de Seguridad Social

Amparo Estrada
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El gasto en pensiones empieza el año con la mayor subida desde hace más de una década: un 7,08% en un año. Nunca había crecido tanto desde 2008, cuando subió un 8,34%. Este año el incremento se produce como consecuencia de haber vuelto a vincular la revalorización de las pensiones con el IPC, además de otras decisiones como la subida de las pensiones mínimas y el incremento de la base reguladora de más de 400.000 pensiones de viudedad con el consiguiente aumento de la prestación. Todo ello ha llevado a que la Seguridad Social haya desembolsado en enero 9.535 millones de euros, de los que 6.778 millones se han destinado a prestaciones de jubilación, un 7,18% más; a sufragar las pensiones de viudedad se han dedicado 1.670 millones, un 8,72% más que hace un año.

La pensión media del sistema (que incluye jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares) se sitúa en 983 euros al mes con un incremento interanual del 5,72%, mientras que la pensión media de jubilación asciende a 1.129 euros y la de viudedad a 707 euros.

Las prestaciones han subido este año un 1,6% (para las pensiones mínimas el incremento es del 3%) y el año pasado lo hicieron un 1,7%. La Comisión del Pacto de Toledo acordó el año pasado actualizar las pensiones con el IPC «real» para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo, una decisión que va a incrementar el gasto en pensiones como si se tratara de una «bola de nieve» según el Banco de España. La vinculación al IPC supone en la práctica suspender la reforma de 2013 cuando se introdujo el Índice de Revalorización para asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos, que impedía subir las prestaciones más del 0,25% si había déficit en la Seguridad Social.

Para el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, haber suspendido la reforma «está dando lugar a dudas sobre cómo se va a restablecer el equilibrio» del sistema, que arrastra en los últimos años un déficit superior al 1,5% del PIB, debido a un aumento significativo de los gastos y a una ligera caída en el ratio de cotizaciones. «El problema no se soluciona simplemente con la recuperación económica», advirtió el representante del supervisor. «Necesitamos un rediseño del problema ya», insistió.

Arce emplazó a los políticos y en concreto a la Comisión del Pacto de Toledo a «clarificar cuanto antes» cómo se va a «sostener el sistema de pensiones». Durante su intervención en una jornada organizada por Inverco, reclamó que se garantice la sostenibilidad social y la financiera en paralelo; es decir, que una vez que los políticos decidan «el grado de generosidad» del sistema de pensiones deben también «garantizar la sostenibilidad financiera» con el fin de dar tranquilidad a los mercados financieros.

Cualquier solución para que sea duradera y sostenible comporta actuar tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos. El déficit de la Seguridad Social es estructural, no coyuntural, porque su causa es estructural: el envejecimiento poblacional acelerado que va a someter a presión al sistema durante bastantes décadas. Y la incorporación de la generación del 'baby boom' que ya se está produciendo introduce aun más presión. Un informe del Banco de España prevé que el gasto en pensiones aumentará en tres puntos del PIB (30.000 millones de euros de hoy) en 2050 si no se adoptan medidas. Y Arce advierte que «cada vez va a ser más difícil implementar reformas que supongan un ajuste financiero del sistema de pensiones», ya que los votantes mayores tienden a exigir pensiones más altas y nos encaminamos a un envejecimiento poblacional.

Los sindicatos defienden que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas y abogan por mejorar la financiación del sistema utilizando los excedentes de cotización del desempleo y con más ingresos.

Cuentas nocionales

El Banco de España defiende mantener el carácter contributivo del sistema haciéndolo más previsible y transparente, para lo que considera que las cuentas nocionales son «una opción bastante interesante». Las cuentas nacionales son cuentas individualizadas que van acumulando las cotizaciones de un trabajador a lo largo de su vida laboral y los rendimientos de dichas aportaciones a un tipo de interés definido. Es un sistema implantado en Suecia, Polonia o Letonia. El representante de Ciudadanos en el Pacto de Toledo, Sergio del Campo, no descarta estudiar medidas como las cuentas nocionales. A su juicio, «la solución no está en decir que aquí no pasa nada», ya que «lo peor que le puede pasar a las pensiones es el populismo y no decirle a la gente la realidad».

Por su parte, el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, defendió que se implante la semiobligatoriedad de los planes de empleo de empresas, como existe en el Reino Unido. A su vez, el jefe de la unidad de pensiones de capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, recomendó ajustar las pensiones de viudedad a la realidad y, aunque no abogó por suprimirlas sí por plantearse en qué casos no es necesario abonarlas de por vida.

El director general del Banco de España insistió en su intervención en que el envejecimiento poblacional tiene consecuencias «importantísimas» también en la política fiscal. Con una población envejecida hay menos recaudación por rentas del trabajo -que tiene unos tipos impositivos más elevados- y cada vez más por rentas de capital -que tienen tipos impositivos inferiores-, lo que parece inducir a elevar la presión fiscal sobre las rentas de capital.

El Pacto de Toledo podría presentar sus conclusiones antes de junio, según C's

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión del Pacto de Toledo, Sergio del Campo, apuntó que las conclusiones sobre la reforma del sistema de pensiones podrían presentarse antes de junio e incluirán alguna recomendación referente a la digitalización y la robotización. En realidad, el Pacto de Toledo debería haber presentado sus recomendaciones ya el año pasado, pero no ha habido consenso suficiente por el momento. Del Campo reconoció que no están haciendo los deberes y criticó que la comisión se está «quitando el marrón de encima» porque se está limitando a recomendaciones genéricas siguiendo la reforma de 2011 que «no llegan a nada».

 

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