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La crisis bien puede servir para explicar la pérdida de poder adquisitivo de muchos trabajadores como para explicar el fiasco que supusieron operaciones inmobiliarias de riesgo para algunas entidades financieras. A ese argumento recurrió este lunes Domingo Parra, consejero delegado del Banco de Valencia en su etapa más controvertida antes de que el Banco de España le interviniera a finales de 2011 y su rescate terminara costando 6.000 millones de euros.
Parra es una de las siete personas que se sientan ahora en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusadas de apropiación indebida -o bien un delito de administración desleal- por los 160,5 millones que terminó costando al banco financiar tres operaciones macrourbanísticas, tachadas de negocio «ruinoso» por la Fiscalía.
En su declaración, el que fuera hombre fuerte de la entidad levantina negó que fuera quien planteara esas inversiones inmobiliarias, «ni decide cuándo se ejecutan ni los papeles que se piden». Argumentó que «nunca» hubo «un reproche, queja o reparo» del consejo.
Pese a afirmar que nunca entró en pormenores, sí defendió que «el valor de los bienes inmobiliarios sube y baja, y más en los tiempos de crisis». «Lo importante», dijo al fiscal, es que hasta entonces al menos una fue «un éxito» y dio dividendos.
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