El Estado asumirá el coste del nuevo bono de gas

Un hombre mide el consumo de gas de una vivienda. /MYCHELE DANIAU (AFP)
Un hombre mide el consumo de gas de una vivienda. / MYCHELE DANIAU (AFP)

Serán las compañías las que paguen la ampliación de las condiciones para acogerse al descuento en la factura de la luz, que aprobará el Gobierno

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El Consejo de Ministros dará previsiblemente este viernes luz verde a una versión renovada del bono social, con la que se ampliará el número de beneficiarios acogidos a esta rebaja en la factura eléctrica; y se autorizará la puesta en marcha de una ayuda directa para sufragar el coste del gas natural o del butano entre las familias más pobres. En este último caso será el propio Estado el que asuma el coste de la medida a través de los Presupuestos en vigor. Ante este tipo de casos, la Administración suele usar partidas aún no ejecutadas para derivarlas a circunstancias sobrevenidas como ocurrirá con el bono del gas.

Sin embargo, la ampliación del bono social eléctrico sí que seguirá corriendo a cargo de las cuentas de las compañías del sector, como venía ocurriendo hasta ahora, apuntan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Con esta decisión, el Gobierno se arriesga a ser demandado, de nuevo, por las eléctricas, que ya ganaron anteriores pleitos judiciales similares en torno a la cuestión de la financiación del bono.

Podrán acogerse a la ayuda del gas -podría ser a través de un cheque o mediante una transferencia bancaria- con la que se aliviará el pago de cualquier tipo de combustible usado para calentar la vivienda, quienes cumplan las condiciones para beneficiarse del bono eléctrico. En este sentido, Transición Ecológica incluye un nuevo colectivo dentro de la categoría de «circunstancias especiales», el de las familias monoparentales. Para estos casos, los límites de renta serán de 15.039 euros al año (si no hay menores); 18.798 euros (con un menor); y 22.558 euros (con tres menores), como ocurre con las víctimas de violencia de género o de actos terroristas.

Además, se prohibirá el corte del suministro, aunque haya un impago de por medio, en los hogares donde resida un menor de 16 años; aquellos que tengan una persona con discapacidad del 33%; o con un grado de dependencia de 2 o 3.

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