La España 'vaciada' de oficinas bancarias

Un joven pasa ante una sucursal del Banco Santander en Madrid. /Susana Vera (Reuters)
Un joven pasa ante una sucursal del Banco Santander en Madrid. / Susana Vera (Reuters)

La mitad de las provincias regresan a los años 70, cuando tenían el mismo número de sucursales que ahora, incluso en los territorios que más población han ganado

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Cada vez hay más áreas de España que no tienen un consultorio médico a la vuelta de la esquina, un colegio en el que puedan estudiar los más pequeños o, simplemente, una carretera en condiciones para acceder a determinadas poblaciones. Es la España 'vaciada' de servicios por la que miles de personas se manifestaron hace una semana en Madrid. Pero entre todas las carencias posibles, la de las oficinas bancarias es, cuantitativamente hablando, la más sonora. La ausencia de sucursales se extiende como una mancha de aceite y lo hace prácticamente sin diferenciar regiones, aunque el impacto en unas zonas es mucho mayor que en otras.

El año pasado, el conjunto de la banca cerró el ejercicio con 26.166 oficinas, lo que supuso un recorte del 1,75% con respecto al ejercicio anterior, según el Banco de España. Fue el décimo año consecutivo en el que el sector ha clausurado más oficinas de las pocas que ha ido abriendo desde las 46.118 que tenían en septiembre de 2008, el mes en el que se produjo la caída de Lehman Brothers y que conllevó el inicio de la última crisis. El drenaje, superior al 43% en esta década, ha sido constante. Primero, por las propias necesidades del sector de acometer un ajuste de gastos que aún no ha cesado; en breve llegarán nuevos ERE en Santander y CaixaBank, así como el goteo de salidas que no se cubren en el resto de grupos. Y segundo, por la irrupción de la banca digital, cada vez más usada por muchos clientes en su operativa diaria.

Esa sangría ha configurado una España en la que la presencia física de la banca ha retrocedido hasta prácticamente los años 70, hace más de cuatro décadas. En casi la mitad de las provincias ahora tienen el mismo número de sucursales que las que tenían en aquella época. Y no se puede achacar exclusivamente a la pérdida de población, porque entre los territorios afectados se encuentran algunas grandes urbes como Barcelona (tiene más de 2.500 oficinas, las mismas que en el año 1977); comunidades autónomas al completo como País Vasco (sus tres provincias registran ahora las mismas sucursales que tenían entre 1976 en Álava, 1977 en Guipúzcoa y 1979 en Vizcaya); o capitales de provincia tractoras para toda su región, como Valladolid (las mismas oficinas ahora que en 1978).

El abandono es mucho más profundo en aquellas provincias cuyos habitantes tratan de alzar la voz para evitar ser los olvidados. En zonas como Soria, Huesca u Orense, las escasas decenas de oficinas que tienen no encuentran registros previos hasta antes de 1974, el primer dato disponible del supervisor.

Muy pocas después de 1990

El proceso de cierres ha afectado a todas las provincias, aunque son aquellas del interior las que más vuelven a registros de hace ya cuatro décadas. La pérdida de población explica esta realidad, aunque en otros muchos casos, donde incluso han ganado habitantes, también han ido perdiendo oficinas bancarias. En Madrid, por ejemplo, tienen ahora el mismo número de sucursales que en 1990, y eso que ha aumentado un 32% en número de habitantes desde entonces. En otras grandes ciudades con más población que hace tres décadas, como Sevilla, sus datos bancarios hoy se remontan a los de 1983; en Málaga, a 1987, como en Tenerife; en Murcia vuelven a 1989, mientras que en Valencia lo hacen a hace 38 años. Solo Granada, Badajoz y Las Palmas mantienen datos bancarios como los que registraban en los años 90.

En plena época digital, este problema de abandono no sería grave si no fuera porque en esos municipios excluidos financieramente del sistema residen los segmentos de población menos habituados a tener un acceso fluido a la red. La proliferación de las aplicaciones bancarias que permiten ver los movimientos de las cuentas, realizar transferencias o gestionar un recibo no es precisamente la vía en la que los clientes bancarios de mayor edad están acostumbrados a vivir.

Apenas un 7,5% de los usuarios bancarios con más de 60 años es exclusivamente digital; y un 21,6% intercala el uso de las redes con el trato habitual en las oficinas. Pero un 71% solo se relaciona con su banco a través de la ventanilla, según las últimas estadísticas del último Observatorio del IEB.

La mitad de los pueblos carece de sucursales

Si se mide el desierto bancario municipio a municipio, en vez de por provincias, el panorama es aún más desolador para los más de 4.200 localidades que se han tenido que acostumbrar a vivir sin bancos en alguna de sus calles. Porque en el 52,2% de los pueblos no hay rastro físico de entidades financieras, según el Banco de España.

Hasta finales del año pasado eran 1,3 millones de españoles los que no tenían acceso a una oficina, esto es, un 2,7% de los 47 millones de habitantes del país, según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Desde el inicio de la crisis, la población sin acceso a sucursales ha aumentado un 44%; un periodo en el que el número de oficinas se ha reducido a ese mismo ritmo hasta las 26.000 actuales.

El mayor porcentaje de población financieramente excluida reside en pueblos muy pequeños. El 83% de los que no disponen de oficinas tienen menos de 500 habitantes. Y en el caso de los municipios con menos de 100 vecinos censados, un 98,8% de esos lugares -prácticamente la totalidad- no tiene acceso a una sucursal.

Ya hay una buena parte de quienes tienen sus ahorros en una cuenta corriente, o de aquellos que pagan sus hipotecas y créditos, que se han acostumbrado a tener una relación con un banco a través del autobús que cada cierto tiempo aparca en la plaza del pueblo.

Ante este panorama, Correos ha confirmado que negocia con «varios bancos» para que la red de casi 2.400 oficinas que tiene repartidas por todo el país preste determinados servicios bancarios, especialmente en zonas como las rurales, las más afectadas sin banco.