El Congreso culpa a los supervisores de una gestión irregular de la crisis

Fachada de un restaurante de Madrid que cerró a causa de la crisis económica. /Sergio Pérez (Reuters)
Fachada de un restaurante de Madrid que cerró a causa de la crisis económica. / Sergio Pérez (Reuters)

Acusa de «inacción» a Banco de España y CNMV, pese a que los letrados de las Cortes avisan de que eso habilita demandas judiciales

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El pretendido consenso parlamentario para evaluar las causas de la crisis ha derivado en una ristra de acusaciones de todos los partidos políticos sobre quienes se encontraban al frente del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los peores años de la recesión, entre 2010 y 2013. El dictamen de la comisión del Congreso que ha investigado durante meses lo que ocurrió en esos años, pero también antes y después, carga la mayor parte de la responsabilidad sobre los supervisores financiero y bursátil. Al primero le atribuye una «grave irregularidad» en las cuentas de 2010 de las cajas que derivaron en Bankia. A ambos les responsabiliza, además, una «inacción» total en la comercialización de las participaciones preferentes en la banca.

Ese es, grosso modo, el dictamen de 200 páginas que este jueves avaló el pleno de la Cámara baja con el voto a favor de todos los grupos políticos, salvo Ciudadanos. El partido liderado por Albert Rivera se desvinculó porque el texto no hace mención alguna a la politización de las direcciones de las cajas de ahorros como una de las causas de la crisis.

Entre otras consideraciones, la comisión indica que los supervisores «no hicieron frente a sus obligaciones»; que actuaron con una política que «cuanto menos» -apunta el documento-«puede calificarse de laxa» a la hora de vigilar y tomar medidas para evitar que la crisis fuera tan dura como finalmente resultó; e incluso incluso apunta a su «pasividad», tras la comparecencia de inspectores del Banco de España.

Instar a la Fiscalía

Aunque la mayor parte de estas consideraciones ya eran conocidas desde que se publicaron a finales de noviembre del año pasado, durante estos meses los letrados de las Cortes habrían advertido a los partidos políticos de las consecuencias jurídicas que pueden tener esas acusaciones a partir de ahora, una vez validadas por el Congreso. Llegaron a aconsejar modificar, al menos, la redacción de los textos.

De hecho, la puerta judicial se ha abierto, porque este mismo jueves, el portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Alberto Garzón, defendió en el estrado que el dictamen «podría servir» para esclarecer posibles consecuencias penales. E insistió en trasladar a la Fiscalía ese texto para que investigue indicios de delito.

Las conclusiones también incluyen una serie de recomendaciones para evitar futuras crisis económicas y financieras. Entre ellas, la creación de una autoridad macroprudencial -el Consejo de Ministros aprobará este viernes la creación de este organismo entre instituciones- que alerte de futuros riesgos; la implantación de un organismo de protección al usuario; o el refuerzo de la independencia de los supervisores.