Se enfría la creación de la autoridad de defensa del consumidor financiero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez./EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE

Solo hay borradores de un órgano que la UE recomendó en 2013 y que España propuso por ley crear antes del pasado mes de julio

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguramente pecó de optimista el miércoles al anunciar que «en las próximas semanas» se aprobaría la creación de una autoridad independiente en defensa de los clientes financieros. Y es que ahora mismo solo existen borradores de un órgano que solo puede salir adelante a través del correspondiente proyecto de ley, nada de recurrir a decretos esta vez.

Aclaremos, en cualquier caso, que no es un proyecto nuevo del Ejecutivo. De hecho, la idea viene desde Bruselas, con la aprobación en 2013 de una directiva comunitaria relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. España, la más incumplidora junto a Alemania a la hora de adaptar en plazo la normativa europea, no desarrolló esos cambios hasta 2017 y encima sin llegar a concluir alguno.

La ley 7/2017 incluyó en su artículo 18 la creación de una «entidad» que defendiera al consumidor de forma coordinada, lo que en el caso del sector financiero supondría asumir competencias que ahora están divididas entre el Banco de España (BdE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros. Se dio un plazo de ocho meses para su entrada en vigor, aunque venció a principios de julio sin que se hubiera presentado un plan sobre el tema.

El Gobierno anterior sí llegó a elaborar un anteproyecto en marzo pasado, pero se dilató en el plazo de consultas y no fue a más. El PP alega que el PSOE puso trabas para su tramitación posterior en el Congreso, y los socialistas que se encontraron el asunto prácticamente parado a su llegada a La Moncloa y tuvieron que volver a activarlo.

Otras experiencias

Ahora trabajan con varios borradores en el Ministerio de Economía, y se han estudiado experiencias similares en otros países, con atención especial al 'Financial Ombudsman Service' británico y el 'US Consumer Financial Protection Bureau' estadounidense. En ambos casos disponen de capacidad sancionadora –algo que aún no se ha decidido para la autoridad española, aunque el PSOE sí abogaba por ello cuando estaba en la oposición–, e incluso pueden indemnizar a los afectados.

Pero, ¿de quién dependería ese órgano? Algunos abogan por 'colgarlo' del Ministerio, otros de algún supervisor –lo más probable la CNMV, si se encarga de vigilar el mercado y recae toda la supervisión financiera en el BdE– y también está la vía de ser totalmente independiente.

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