La banca prorroga su estado de incertidumbre en el que se juega hasta 16.000 millones por las hipotecas

Sede del Tribunal Supremo en Madrid./ R. C.
Sede del Tribunal Supremo en Madrid. / R. C.

A la espera de la resolución del Supremo, sus acciones se recuperan levemente al considerar que solo tendrán que pagar el AJD a partir de ahora, y no con efectos retroactivos

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Las acciones de las entidades financieras españolas contienen la respiración a la espera de lo que decidan los 28 miembros de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de las hipotecas. Los títulos de todos los bancos repuntan a media sesión después de casi dos semanas en las que han sufrido los envites de los inversores, temerosos a que el sector tenga que asumir el impacto de pagar a los clientes el impuesto de las hipotecas con efectos retroactivos. Por ahora, el mercado confía en que no sea así, con alzas que van desde el 0,26% del Santander hasta el 1,5% de Bankia, pasando por la revalorización del 0,38% del Sabadell, el 0,47% de Bankinter, el 0,79% de CaixaBank o el 1,32% de BBVA. El Ibex-35 sube a estas horas un 0,7% hasta los 9.055 puntos.

Los ejecutivos de los principales bancos españoles cuentan con la posibilidad de que el alto tribunal establezca que el sujeto pasivo del AJD sean las entidades financieras. Pero solo a partir de ahora. Es decir, que la banca asuma el pago de ese tributo. Si la resolución del Supremo se quedara ahí, el sector tendría que asumir un coste aproximado de unos 640 millones de euros al año, la cuantía correspondiente al AJD medio del 1,1% -en algunas comunidades autónomas se paga el 0,75% y en otras hasta el 1,5%-. En este contexto, parte de la banca se ha mostrado dispuesta a reflejar ese incremento del coste en los precios hipotecarios, aunque la mayoría han anticipado que esperarán a ver qué haga la competencia.

El peor escenario al que podría enfrentarse la banca española sería el de la retroactividad, y más aún, si se establecen unos efectos a pasado más allá de cuatro años. Fuentes del sector consideran que este escenario es el menos probable porque las entidades se han «limitado a cumplir la ley» durante los últimos 23 años, el plazo en el que el reglamento del AJD determinaba que era el titular de la hipoteca quien pagaba ese tributo. Además, alegan que ese dinero lo han cobrado las administraciones territoriales, y no está en manos de la banca.

Si el Supremo establece la retroactividad limitada a los cuatro años de prescripción fiscal que tiene España serán las comunidades autónomas las que tendrían que devolver el dinero pagado a los hipotecados desde octubre de 2014. De hecho, a medida que transcurren las jornadas desconociendo el criterio final, unos 900 hipotecados están perdiendo cada día el derecho a reclamar esas cantidades si finalmente se estableciera esa posibilidad durante los cuatro últimos años. A partir de ahí, la Administración sería la que podría reclamar ese dinero al banco, aunque éste es un aspecto que no está claro, a la espera del Supremo. Si así ocurriera, el impacto alcanzaría los 2.300 millones. Pero si se estableciera una retroactividad total en el AJD en los más de seis millones de hipotecas en vigor, el coste para el sector podría superar los 16.000 millones de euros, según las previsiones de la agencia de calificación crediticia Moody´s.

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