La UE achaca al vaivén político el «lento avance» de España para atajar sus desequilibrios

La brillante hay que buscarla en la previsión de crecimiento de su PIB, del 2,1% este año y el 1,9% el próximo, en ambos casos muy por encima de la media europea. Las incógnitas abiertas en esa foto están en la repercusión que tenga la subida del salario mínimo hasta los 900 euros (que generará menos empleos de los previstos) y el impacto de la reforma de las pensiones, que queda ya en manos del Gobierno que saldrá de las urnas el próximo 28 de abril.

Bruselas no se aventura sobre ambos supuestos. Y da el toque de atención de rigor: España sigue presentando desequilibrios económicos. Para ser justos, en la línea de países como Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Croacia, Bulgaria y Rumanía. Preocupación, pero no desasosiego. Porque ninguno ralla la zona roja por (desequilibrios) «excesivos» que Bruselas sí achaca a Grecia, Chipre y, sobre todo, a Italia. La tercera economía de la zona euro, que entró en recesión técnica en enero lastra «una deuda pública muy alta (2.400 billones), bajo crecimiento y baja productividad».

Es parte de la imagen panorámica de una Europa con una economía que «aunque está en fase de ralentización mantiene un buen rumbo y que nunca había estado tan bien desde la crisis (250 millones de trabajadores y un índice de paro del 6,6%), que además ha dividido su déficit por 10 y que tiene bancos más robustos», reforzó el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

Pero entremos en los detalles del 'caso español'. El estudio destaca su «sólido» crecimiento. Es la principal fortaleza. Pero las debilidades siguen estando ahí. Son estructurales. La deuda (tanto pública como privada) continúa haciendo vulnerable al país. Fundamentalmente porque su reducción no se está realizando al ritmo que permitiría ese crecimiento. «Ha disminuido ligeramente, y se prevé que los próximos recortes de déficit respaldarán una nueva reducción gradual. Aún así, se necesitarán más esfuerzos para llevar las finanzas públicas a un camino más sostenible», se recomienda.

Sobre todo porque el talón de Aquiles de España es el paro; la segunda tasa más alta de la UE (14,3%, solo superada por Grecia con el 18,5%). «El desempleo ha continuado su declive, pero sigue siendo elevado. La implementación de medidas políticas para aumentar el crecimiento potencial ha sido lenta. Sigue habiendo desafíos, en particular con respecto a la segmentación del mercado laboral, la investigación y la innovación, y la regulación empresarial, sobre todo en el sector servicios», se argumenta.

En este punto, y cuando se trata de señalar motivos, el dedo de la Comisión Europea apunta a los vaivenes políticos. Dado que el estudio se apoya en el cúmulo de datos del último año, esa vacilación o inestabilidad arranca en la propia moción de censura. «El cambio de gobierno en junio de 2018 y las nuevas elecciones previstas para abril, se ha visto reflejado en un progreso lento general de reformas». Una afirmación que figura en el informe de cien paginas dedicado a la radiografía española, sobre la que Vlados Dombrovskis, vicepresidente del Ejecutivo comunitario, no quiso entrar: «No tenemos mucho que comentar, las elecciones son parte de los procesos democráticos en cualquier país», aseguró durante la presentación del estudio.

Con todo el motor de la economía estatal ha seguido carburando a buen ritmo y como ya ha venido planteando la Comisión, el desempleo continuará cayendo. Aunque, sin proyección sobre la mesa, desde Bruselas se remarca que el incremento del 22,3% del SMI ralentizará esa inercia. El último informe del BBVA cifraba en 75.000 puestos menos este año y el próximo. Bruselas no aporta cifras.

La otra preocupación del Ejecutivo comunitario son las pensiones y la vía que eligirá el próximo gobierno para su reforma. Su vinculación con el IPC «va a aumentar significativamente el gasto a corto y medio plazo», advierten fuentes comunitarias. Lo que exigiría incrementar los ingresos para que la «sostenibilidad del sistema» no entre en riesgo. Y es que equiparar la subida de las pensiones a la inflación sin medidas que lo compensen «aumentará un 4% el gasto en el PIB y eso sí supondrá un claro problema».