IU reclama cláusulas sociales, laborales y medioambientales en los contratos públicos de la administración

Eloína Terrón, coordinadora provincial de IU./
Eloína Terrón, coordinadora provincial de IU.

La formación presentará mociones para defender este plan en todos los ayuntamientos donde tiene representación

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Izquierda Unida provincial presentará una moción, a través de todos sus cargos públicos, en los Ayuntamientos donde tiene representación, para incluir en los contratos que estas administraciones realicen cláusulas «sociales, laborales, medioambientales y de innovación» que sirvan de herramienta para «potenciar la igualdad en el acceso al mercado laboral, impulsar el empleo estable, proteger el medio ambiente y la producción ecológica de la zona y frenar la despoblación de esta provincia».

Para la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de León, Eloina Terrón, «nuestra labor en la lucha por un futuro para esta provincia tiene que ser hasta el último minuto de la legislatura y aunque parezca que ahora ya solo es tiempo electoral, también es tiempo de hacer propuestas para atajar, con herramientas políticas y administrativas, los graves problemas que tiene esta provincia».

Tras un encuentro de los cargos públicos de Izquierda Unida de toda la provincia, donde participaron expertos municipalistas y profesorado de la Universidad de León, especialistas en este tema, se ha propuesto reclamar «la aplicación de una de esas herramientas en todos los Ayuntamientos: la contratación pública a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que permite y facilita introducir cambios profundos en este sentido».

«Si antes la contratación se regía únicamente por criterios puramente económicos y tenía que aceptar la oferta económica más ventajosa, ahora este criterio es sustituido por la oferta que presente mejor relación calidad-precio atendiendo a criterios económicos y cualitativos. Y es en los 'criterios cualitativos', donde el órgano de contratación, es decir, la administración pública, puede incluir aspectos sociales o medioambientales vinculados al objeto del contrato», señalan.