El Plan Rector que restringirá en León el 67% de la superficie de Picos saldrá a información pública el 1 de marzo

Mirador del Tombo en Picos de Europa./
Mirador del Tombo en Picos de Europa.

El Parque Nacional carecía de este documento tras ser anulado por el Tribunal Supremo en 2005 y podrá entrar en vigor antes de 2019

EFE

El futuro Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa se someterá información pública durante dos meses a partir del 1 de marzo. «Su elaboración ha sido compleja, al igual que la gestión del único parque nacional de España que está habitado y que comparten tres comunidades autónomas, según ha recordado el consejero de Medio Ambiente del Principado, Fernando Lastra, este martes durante su comparecencia en el parlamento asturiano para informar del contenido del documento.

El Parque Nacional carecía de este documento, que tras ser anulado por el Tribunal Supremo en 2005 podrá entrar en vigor antes de 2019, y debe marcar «el encuentro y la reconciliación» de sus habitantes con ese espacio protegido.

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Lastra, ha hablado de un documento «abierto, pero sometido a procedimiento« en su periodo de información pública y cuyo contenido fue consensuado entre Asturias, Cantabria y Castilla y León -con gobiernos de distinto signo político- con ecologistas, ganaderos, hosteleros y montañeros.

Tras múltiples retrasos y más de un año de trabajo conjunto, el documento incluye una propuesta de zonificación que determina la intensidad del uso a realizar en cada una y las actividades autorizadas en función de las características ecológicas, estado de conservación y fragilidad de las distintas áreas.

De esta forma el borrador contempla zonificar más de 24.000 hectáres en León, 27.000 hectáreas de territorio asturiano, y algo más de 15.000 de Cantabria y el PRUG delimitará además cada zona en cinco grados distintos de protección (reserva, uso restringido, uso moderado, uso especial y asentamientos tradicionales).

«El Parque se va a poder pisar prácticamente en toda su extensión con las únicas restricciones que el sentido común y la opinión científica recomiendan«, ha apuntado el consejero.

Las zonas calificadas como reservas, el máximo grado de protección, estarán cerradas a los visitantes salvo permisos especiales con fines científicos, de gestión, de salvamento, policía o vigilancia ambiental y en esa categoría se situarán 7,2 hectáreas de León, 267 hectáreas del Principado, y 0,03 de Cantabria.

La segunda categoría, denominada de uso restringido y en las que estará prohibido el tránsito salvo excepciones reguladas por el PRUG, afectará a 20 en León, con una superficie ligeramente superior a las 16.000 hectáreas, a 14 espacios asturianos con 6.610 hectáreas y a nueve en Cantabria con 7.729 hectáreas

Por su parte, las zonas de uso moderado, donde estará autorizado el recreo al aire libre, actividades interpretativas y se podrá acceder libremente a pie y en coche por pistas y carreteras, incluirán todas las áreas de los municipios leoneses de Valdeón y Sajambre, 20.109 hectáreas de Asturias y 7.316 de Cantabria.

El consejero se ha mostrado confiado en que el proceso de participación «ayude a mejorar lo mejorable« de un PRUG que incorpora la consideración del montañismo como un uso tradicional del espacio protegido, lo que permitirá mantener su práctica »con normalidad« con los únicos límites de la conservación del espacio.

Además, se ha mostrado partidario de poner en marcha el protocolo de actuación con el lobo elaborado por el Patronato del parque, donde en 2018 se había constatado la presencia de nueve manadas, para eliminar ejemplares una vez conocidos los informes científicos que constaten su repercusión en otras actividades y que esta actuación se lleve a cabo sin someterla a discusión.

A su juicio, la futura entrada en vigor del PRUG debe permitir que se logre «el equilibrio entre los intereses que conviven en los Picos de Europa», el segundo parque nacional más visitado de España con dos millones de turistas al año, que carecía de instrumento de gestión desde que hace catorce años el Supremo lo suspendiera.

 

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