La Junta impone a RMD la undécima multa por no retirar los residuos tóxicos enterrados en Villanueva del Carnero

Imagen de ruedas para el reciclaje./
Imagen de ruedas para el reciclaje.

De no renovar los trabajos de extracción este verano Ecologistas informará a la Comisión Europea para que inste a la Junta de Castilla y León a acelerar su eliminación

LEONOTICIASLeón

La Junta de Castilla y León comunicó su Resolución, de 2-5-2019, por la que impone la undécima multa coercitiva de 1.000 euros, a RMD, por no retirar los residuos enterrados clandestinamente en 2006, a lo que está obligada por Resolución de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de enero de 2014, según aseguró Ecologistas en Acción.

Tal y como apuntaron los Ecologistas, RMD comenzó a extraer los residuos en el verano de 2017 y en casi dos meses de trabajo habían retirado, según notificación del Servicio Territorial de Medio ambiente, 38 camiones, de unas 24 toneladas cada uno. El verano del 2018 trabajaron «poco más de un mes», de cuyos trabajos la Junta no ha aportado más datos sobre cantidad retirada. Y este verano, a 2 de junio, RMD aún no han retomado las extracciones. Por ello, «tan solo se ha restaurado un tercio del terreno».

Para Ecologistas en Acción, la multa de 1.000 euros cada seis meses supone «una bula que permite a RMD seguir con la operación o detenerla sin prisa alguna indefinidamente», ya que «esta cantidad, por ridícula, no supone presión alguna».

Sin embargo, apuntaron que «esta situación no es inocua», pues ya la Universidad de León informaba en el 2008 que las aguas subterráneas estaban contaminadas por metales pesados, como cobre, cinc y plomo, «muy peligrosos para la salud» en aguas que pueden estar usándose para riego o consumo directo, «con riesgo evidente para la salud humana y medio ambiente en general», que hace que «su extracción y saneamiento es inexcusable cuanto antes».

Por ello, de no renovar RMD los trabajos de extracción este verano «con decidida y plena dedicación», Ecologistas informará a la Comisión Europea para que inste a la Junta de Castilla y León a acelerar la eliminación de los residuos enterrados, a fin de que los metales tóxicos dejen de progresar por el terreno y acuíferos y evitar posibles envenenamientos.