«En incendios tenemos menos personal que hace cuarenta años y menos profesionalizado y estable»

La tarde del viernes 8 de agosto de 2025 comenzaban en León unas jornadas que quedarán para siempre en el triste recuerdo de muchos. Después de esa primera media docena de incendios llegaron muchas decenas más. Dejaron pueblos calcinados, montes arrasados, vidas aniquiladas y unas consecuencias que se sufrirán durante décadas en muchísimas comarcas. Fueron momentos de crisis y, aunque entonces ya empezaron las reclamaciones, es ahora cuando las protestas de unos y las promesas de otros confrontan.

«Es claramente insuficiente«, es el primer comentario que Alfonso Vallecillo, agente medioambiental en León, hace sobre la propuesta de la Junta sobre el futuro operativo contra incendios a través de un decreto: «Es a lo que la Junta está obligada por la normativa nacional. Es un brindis al sol porque nos dan algo que nos tenían que haber dado hace ya muchos años. Además se lleva pidiendo desde hace 18 años el título de técnico superior para entrar en este colectivo y ahora dicen que no, que ahora estamos en el grupo B, que es lo que marca el Trebep -Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público - que ya lo decía hace ocho años tras su última revisión y aquí no se había actualizado».

«Hasta la fecha, el operativo de Castilla León estaba subcontratado en parte de las brigadas de tierra, también algún camión de incendios y unidades UBA -Unidad de Brigada y Autobomba-, con 38 empresas privadas que licitaban esas contrataciones«, comenta Alfonso sobre una de las modificaciones que siguen la senda marcada por otras comunidades. «En Galicia o Andalucía ya lo han sustituido por algo que están proponiendo ahora aquí , que es la creación de un operativo público. Público entre comillas porque lo que se propone es que este operativo, que esas empresas o ese personal dependa de una empresa pública. Algo que yo no entiendo porque o es empresa o es público«, señala este agente medioambiental sobre la propuesta del Gobierno regional: »Estamos hablando de personal que no es propio de la administración, como sí somos los agentes y la mayoría del personal de los camiones y los celadores, los técnicos porque la parte pública del operativo se mantendría así».

Un pequeño avance «porque permite dar una estabilidad a ese personal contratado y una estabilidad en el tiempo porque hasta ahora estas contratas, con estas 38 empresas, se hacían sacando a subasta la licitación y estaban vinculadas a una cuadrilla, a unos trabajos forestales y a una disponibilidad para incendios. ¿Y qué sucede?», se pregunta Alfonso Vallecillo: «Que la que haga la oferta más baja se va a quedar con ella y con ello lo que se reduce es el servicio y las condiciones laborales del personal contratado. Muchas de esas licitaciones sólo incluían los cuatro meses de campaña de peligro de incendios».

Andalucía también es un espejo donde compararse para los bomberos forestales de León y el resto de la comunidad: «Respecto al colectivo de agentes medioambientales, allí están haciendo unas guardias que nosotros hemos pedido a hacer: las de investigación de incendios, las llamadas BIF de las que tanto saca pecho nuestro consejero -Quiñones- y resulta que no existen en Castilla y León. Todos los incendios forestales se investigan en Castilla y León, pero es una verdad a medias porque hay dos tipos de investigación. Uno es el informe abreviado, que de ese sí se hacen todos, y otro es el ampliado que se remite luego a Fiscalía por si hay una negligencia, un autor… Y esto es lo que no se está haciendo como nosotros creemos que se debe de hacer. Quiñones dice que todos los agentes medioambientales tienen la titulación, es verdad, pero si nos dedicamos a hacer extinción no tenemos tiempo para hacer la investigación», denuncia Alfonso.

Este agente medioambiental que emocionó a todos los presentes al relatar lo que estaba ocurriendo sobre el terreno el mes de agosto en una rueda de prensa en León, argumenta que, además de que la Junta «solo hace lo que tiene que hacer» no se ha sentado a negociar con ellos: «Estamos totalmente en contra porque no ha habido una negociación real, ha habido una imposición unilateral por parte de la administración. Se han basado en que eso es lo que había, están tirando para adelante para salvar un poco la situación o dar un poco la cara, pero ahí tenemos las movilizaciones, que van a seguir pese a este proyecto de ley. Va a haber conversaciones con los grupos parlamentarios para enmendar este decreto o intentar buscar una mejora en las condiciones porque se tiene que convalidar en las Cortes».

La presión social con numerosas y populosas manifestaciones, unos presupuestos que están en el alero y la cercanía de las elecciones provocan que sean tiempos de anuncios y proyectos por parte del Gobierno regional, pero Alfonso duda de su verdadera eficacia: «La Junta de Castilla y León ha visto un poco las orejas al lobo y tienen que cumplir la Ley Básica de Bomberos Forestales -publicada en noviembre de 2024-. No puede ser que al personal que se le contrata por parte de estas empresas como peón forestal luego haga funciones de bombero forestal. Algo que afecta no sólo al tema económico, también a la posibilidad de hacer una segunda actividad cuando llegas a una determinada edad o incluso aplicar la jubilación anticipada«.

Recuerda este agente medioambiental leonés que «eso es lo que se le estaba pidiendo también a la Junta, que reconociera a estos trabajadores como bomberos forestales. Igual que hay un peón normal, pues habría un peón especialista, un capataz, un encargado de brigada. Según los convenios, pues se quedan en casi el salario mínimo.Tenemos a gente que está arriesgando la vida por el salario mínimo mientras en otras comunidades, que van más avanzadas con este proceso, como en Madrid, donde ahora mismo han subido casi a unos 1.500 euros o los que trabajan para el Ministerio -Miteco- que les subió este 2025 un quince por ciento de forma unilateral con el convenio que tiene con Tragsa», comenta sobre las condiciones económicas en Castilla y León, por debajo de las de los que forman los operativos en otras comunidades o dependiendo del Ejecutivo nacional.

«Cuando hay un refuerzo en el verano se contrata a gente por cuatro meses y como peón forestal, ni siquiera tenían la consideración de bombero forestal, con lo cual hay una precarización de ese personal«, añade Alfonso: »Muchos de ellos son inmigrantes, ha habido cuadrillas en las que más de la mitad de sus integrantes no hablaban español. Claro, contratas una cuadrilla, les das cuatro meses por 1.200 euros al mes, les metes en los incendios de nivel 2 que hemos tenido este año y si no encuentras una estabilidad o una profesionalidad en ese cuerpo, pues sólo encuentras inmigrantes o estudiantes que quieren sacar un sobresueldo en el verano. Al final pasamos todos los años con un personal con muy poca experiencia y que asume más riesgo por tener esa poca experiencia. Así que esa empresa pública les dará estabilidad y te va a permitir que ese personal esté más profesionalizado, hagan cursos de preparación y tengan experiencia«.

Reflexiona también Alfonso sobre otro de los problemas que los incendios de este pasado verano en León y otros puntos de la comunidad han dejado en evidencia: la falta de personal. «Hace años había más cuadrillas de trabajo en tierra que ahora, y estaban integradas por ocho combatientes y ahora son siete. Que nos venden que este verano todo parece poco, y este año era así aunque fuéramos muchos más, pero es que tenemos poco personal. Se ha visto que estamos escasos de personal para atender todos estos incendios. Una situación que desde el año 2000 ya se había dado en 2017 y 2022, no con tanta no concurrencia pero sí con fuegos de nivel 2 que requieren muchos medios«.

«En la provincia de León únicamente hay 18 brigadas que con un único incendio de esta entidad ya están copadas», asegura este agente medioambiental que recoge el sentir de sus compañeros y la situación que han vivido: «Tienes que tener seis o siete de en un turno, seis o siete en el otro y luego un relevo. Por eso, una de las propuestas que ha hecho ahora la administración es aumentar el personal, incluso de aumentar medios aéreos con una gran inversión», señala deseando que se cumplan esas medidas.

Más personal y mejores condiciones de trabajo. Algo que también incluye una modernización en ciertos aspectos: «Otro de los problemas que hemos tenido es el tema de las comunicaciones«, comenta Alfonso: »En Andalucía ya han instalado el sistema Tetra, un sistema de comunicación digital mientras nosotros trabajamos con FM, con tecnologías de casi la Segunda Guerra Mundial, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y el más grave es que cuando juntas medios de diferentes comunidades u operativos, estos vienen con medios digitales y aquí trabajamos con un medio analógico. Y claro, vienen medios de Galicia, Aragón o de Extremadura no puedes hablar directamente con ellos».

Unos problemas que también han tenido con la Unidad Militar de Emergencias, a la que valora su profesionalización: «Los medios aéreos del Estado deben de ser complementarios a los de la Junta y este año casi ha sido al contrario. Y la UME, que hay que reconocer que van avanzando, han aprendido y están trabajando muy bien, pero seguimos teniendo problemas de comunicación con ellos. Hace años a la Junta le ofrecieron la posibilidad de este mismo sistema y por un tema económico lo desechó».

«Tenemos que tender a un equipo profesional, una profesionalización de todo el operativo durante todo el año porque hay medidas preventivas que se pueden realizar en la época de peligro bajo de incendios para evitar los grandes incendios que hemos tenido este verano», insiste Alfonso Vallecillo, que vuelve a reclamar recuperar personal.

«Se está pidiendo desde sindicatos que hubiera mil agentes medioambientales, como mínimo, haciendo guardias. Ahora mismo estábamos haciendo guardias, unos 600 más o menos. ¿Qué es lo que sucede? Que tienes una sobrecarga de trabajo, de días de guardia y pocos días de descanso y tal. ¿Qué es lo que nos ha sucedido este año? Que nos han requerido en días de vacaciones y de descanso para que nos incorporáramos. Sí, de forma voluntaria, pero nos lo han pedido. La mayoría de la gente pues nos incorporamos. También hay que contar que los funcionarios no tenemos una regulación de horario, podemos estar 25 y hasta treinta horas y eso es inviable. Yo mismo he llegado a estar un día completo en un incendio y sé de compañeros que han llegado a treinta horas. Y esto ocurre porque no tenemos compañeros que nos sustituyan y el jefe de extinción dice: 'No puedo prescindir de ti porque es que no tengo a nadie que te sustituya'», lamenta Alfonso.

«Por eso es muy importante para nosotros tener un operativo continuo y más dimensionado porque los incendios de esta generación demandan muchísimo personal y no lo tenemos. Se ha visto claramente que hemos tenido que recurrir a los medios del Estado y de otras comunidades autónomas. Incluso a bomberos urbanos, con las dificultades que tienen porque sus camiones no son todoterreno. Tenemos menos personal que hace cuarenta años, así de sencillo», sentencia.

«Nos están ofreciendo como un caramelín, pero resulta que el caramelín es algo que ya tenían que cumplir obligatoriamente«, comenta indignado Alfonso Vallecillo: »Llevamos casi 18 años de retraso con algunas de esas aplicaciones y ahora les entran las prisas en la negociación. En 2022 murieron cinco personas, yo estuve en los incendios de Zamora y el día 15 de junio se vanagloriaba nuestro consejero de que el operativo estaba funcionando cuando el 16 de junio más de la mitad de las cuadrillas de Zamora no estaban activas. Que no nos digan que estaban dimensionados. No estaban preparados».

«Ya no te digo el tema de la responsabilidad«, señala este agente medioambiental, »porque es que ahora mismo estamos pendientes de que caiga alguna reclamación judicial por el tema. La Junta tendrá que estar al quite de las posibles reclamaciones judiciales por la falta de medios para la extinción. Hay gente a la que se le han quemado sus negocios y su casa y preguntarán si actuaron en condiciones».

«Ahora deprisa y corriendo hay que negociarlo en una semana tras llevar 18 años sin mover una pieza. Por ejemplo, la Junta tiene obligación, antes de cada 15 de abril, de sacar la orden anual de incendios donde se referencian las guardias que tenemos que realizar por comarcas según la peligrosidad de cada una, las cuantías retributivas y todo. Ha terminado octubre y este año no la ha publicado. Para que la gente se haga una idea de la negligencia que existe en este sentido. Hemos programado la campaña en base a la orden del año pasado cuando en 2024 ya se habían reducido 1.300 guardias y agentes medioambientales respecto a 2023», concluye Alfonso Vallecillo con un ejemplo sobre un dispositivo de 2025 para extinguir unos incendios históricos que puede suponer un antes y un después en la lucha contra el fuego en Castilla y León.

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