La Diputación recupera la recaudación de Gersul y reclamará por vía ejecutiva los 12 millones de euros incobrados desde 2014

«La recaudación ejecutiva vuelve a este casa, de donde nunca tuvo que haber salido», señaló el presidente de Gersul, Ángel Calvo, en el marco del pleno ordinario de la Diputación de León, en la que se aprobó el nuevo convenio por unanimidad, con la abstención de Coalición por el Bierzo y el diputado no adscrito Juan Carlos Fernández.

Es más, Calvo ha advertido de que si la Diputación hubiese mantenido el servicio de recaudación, «ahora mismo estaríamos hablando de otro problema en esta casa» a la par que ha reconocido la 'crisis' abierta en Gersul no ha sido fácil.

En cualquier caso, el presidente ha recordado que en los cuatro años de legislatura la situación ha mejorado, no sólo tras la construcción de un nuevo vaso para el almacenamiento de residuos en el CTR –Centro de Tratamiento de Residuos-, sino tras zanjar favorablemente los 13 pleitos abiertos contra Gersul.

Matías Llorente (UPL) lamentó que el proyecto de Gersul nació «viciado» permitiendo que los tres grandes ayuntamientos de la provincia no hayan pagada frente al mundo rural que «está al día». En cualquier caso, se ha mostrado favorable a un acuerdo «para salvar al Gersul» y convertirlo en un ejemplo medioambiental, tal y como fue concebido.

Eso sí, confía en que el cobro de los recibidos a los ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés sirvan para cubrir los gastos de la función recaudatoria, «porque sería lamentable que representante un coste a los pequeños municipios».

Por su parte, el diputado no adscrito Juan Carlos Fernández se felicitó por un acuerdo que, a su juicio, llega tres o cuatro años tarde, a la par que hizo alusión a un informe de noviembre de 2015 en el que técnicos de la Diputación desaconsejaban que la Diputación asumiese la gestión de la recaudación por falta de recursos humanos y materiales.

«¿Ya tienen el personal necesario? ¿Van a poner los medios materiales que se exigen?», preguntó Fernández, que trasladó también la necesidad de que la cobranza de los recibidos impagados perjudiquen a los restantes 205 municipios que tiene delegado el cobro en la Diputación.

«Me alegro que este consorcio termine de funcionar y que no sean los ciudadanos los que se vean obligados a pagar la desastrosa gestión de estos cuatro años», concluyó Fernández.

Una reflexión en la que también coincidió Manuel Flecha (En Común), que también calificó de «cojo» un acuerdo ante los múltiples interrogantes que se abran en torno a la gestión tributaria o a la actualización del patrón.