El TSJ admite la denuncia por prevaricación contra la Mesa de las Cortes por tramitar la ley de Caza

El TSJ admite la denuncia por prevaricación contra la Mesa de las Cortes por tramitar la ley de Caza

A un día de que el pleno de la Cámara apruebe la proposición de ley, Ecologistas advierte sobre la constitucionalidad de normas «a la carta»

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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha admitido la denuncia penal presentada por Ecologistas en Acción contra el presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y los otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la roposición de ley presentada el pasado 28 de febrero por los grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de «pasar por encima de la suspensión cautelar de la caza ordenada» por el Alto Tribunal Regional.

Según informa Ecologistas en un comunicado, es una diligencia de ordenación notificada a la asociación ambiental la semana pasada, en la que el TSJCyL designa ponente al magistrado Ignacio de las Rivas y da curso a las actuaciones que procedan. Este hecho se produce cuando el pleno de las Cortes aprobará este miércoles la proposición de ley destinada a convalidar legislativamente la caza en la Comunidad.

Tras mantener reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos y Ciudadanos, Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha declarado en cuatro sentencias contra iniciativas de las Cortes de Castilla y León como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid, que las leyes singulares a la carta para sacar adelante disposiciones administrativas contestadas en los tribunales son inconstitucionales por impedir el acceso de la ciudadanía a los tribunales ordinarios, vulnerando así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste en este caso al PACMA como recurrente.

Por ello, Ecologistas en Acción considera esencial que los letrados de las Cortes informen sobre la constitucionalidad en sí de la Proposición de Ley, y pide a los procuradores de todos los grupos parlamentarios que se abstengan de adoptar decisiones que lesionen los derechos fundamentales de la ciudadanía, respetando escrupulosamente la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales firmes para no degradar más aún la pésima imagen de la política profesional en Castilla y León y en España.

En todo caso, la organización ambiental advierte de que la proposición de ley que se aprobará mañana no faculta directamente para el ejercicio de la caza en Castilla y León, ya que la relación de especies cazables debe ser establecida por una Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre la base «de la mejor información técnica disponible», y «con la finalidad de mantener el adecuado equilibrio ecológico que garantice el estado de conservación de las especies cazables y su utilización razonable».

En opinión de Ecologistas en Acción, la práctica de la caza sin esta Orden sería arbitraria y vulneraría tanto la ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, que supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas, motivo por el cual los tribunales vienen exigiendo al Gobierno regional que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación.

Como recuerda Ecologistas, este es el motivo principal de los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL y la decena de sentencias judiciales firmes que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019.

La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta de Castilla y León para hacer compatible esta actividad con la conservación de la fauna, sentencia la organización.

De ser aprobada finalmente la Proposición de Ley mañana en las Cortes, Ecologistas en Acción pedirá al Gobierno, a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional, por vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial, entre otros. Asimismo, el propio TSJCyL podría suscitar una cuestión de inconstitucionalidad previa a resolver los recursos judiciales en curso.