Las Cortes piden una nueva regulación micológica

Las Cortes instan a una nueva regulación micológica en la Comunidad./
Las Cortes instan a una nueva regulación micológica en la Comunidad.

Rechazan que el reciclaje eléctrico sea servicio público | Ciudadanos defiende que una ley evitaría el «fraude actual», la contaminación y crearía empleos en el sector

ICALleón

Las Cortes han aprobado este miércoles el impulso a un decreto para una regulación más apropiada del aprovechamiento micológico y la consolidación del modelo de montes de socios, pero rechazaron la tramitación de un proyecto de ley por el que se declare servicio público algunas operaciones del reciclaje de aparatos eléctricos para evitar el fraude actual, la contaminación medioambiental y favorecer la creación de empleos en este sector.

Fueron seis de los once puntos de una moción de Ciudadanos, defendida por David Castaño, que recibieron el respaldo de todos los grupos y la abstención de UPL. Castaño y el popular Julián Ramos entraron en un debate sobre la necesidad de una ley de servicio público para el reciclaje eléctrico, beneficioso para el primero y perjudicial para los promotores privados para el segundo.

Así, la moción planteó un proyecto de ley por el que se declare servicio público todas o algunas operaciones de reciclaje de aparatos eléctricos, un plan estratégico de la propiedad privada forestal y aumentar el peso de la inversión en el sector forestal privado, que no fueron aprobados, si bien se recogió regular de forma más apropiada el aprovechamiento micológico o impulsar las lonjas micológicas e impulsar marcas de garantía de setas y hongos en la Comunidad.

El procurador de Ciudadanos David Castaño centró la moción en mejorar el reciclaje, en una mejor regulación del sector micológico y en el aprovechamiento del valor de los recursos forestales, donde consideró que se pueden crear empleos en Castilla y León. Castaño no recogió una enmienda de Podemos, presentada por Carlos Chávez, y sí asumió una del PSOE, a cargo de José Luis Aceves, para contar con todos los actores implicados en el sector micológico.

En nombre del PP, Julián Ramos argumentó que antes de tramitar un proyecto de ley de servicio público se deben conocer las consecuencias, estimó que se frenarían nuevas iniciativas empresariales al competir con un servicio público que las llevaría a su extinción y añadió que hacer lo planteado se pondría en riesgo proyectos que generan riqueza y futuro. La iniciativa privada cubre las necesidades del sector, indicó.

Ramos anunció el apoyo a seis puntos, como la provisión de personal para un adecuado control de esta actividad primando la cobertura de las plazas vacantes, la creación de una red de experiencias piloto de propietarios privados, el fortalecimiento de las entidades asociativas, la consolidación del modelo montes de socios, el impulso de un decreto para ordenar y regular de forma más apropiada el aprovechamiento micológico y la creación de lonjas micológicas en colaboración con todas las administraciones.

Evitar el fraude actual, crear empleos legales, aumentar la inversión en las instalaciones, asegurar el cobro a los puntos limpios fueron los argumentos esgrimidos por Castaño para pedir una ley que declare servicio público el reciclaje de aparatos eléctricos, para replicar a Ramos, que rechazó esa regulación, aunque respaldó un mayor control en el reciclaje.

Carlos Chávez (Podemos), sin entrar en la guerra de cifra de lo que se recicla, afirmó que España no llega al mínimo exigido de cuatro kilos, defendió la realización de planes para el aprovechamiento micológico y advirtió de que falta un control sanitario para el consumo de las setas.

El procurador socialista José Luis Aceves apoyó que se tramite un proyecto de ley sobre gestión de reciclaje eléctrico tanto para la creación de empleo como para evitar una mayor contaminación. Además defendió que en el decreto de regulación del sector micólogico se cuente con todos los actores implicados y aumentar el peso de la inversión forestal en el sector forestal.

Para José Sarrión (IU), no se debe mezclar el apartado de residuos con la micología y el sector forestal, como recoge la moción, aunque anunció un respaldo crítico. El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, expresó dudas en que se plantee como un único territorio la referencia a propietarios privados y recordó la importancia de las juntas vecinales en León como propietarias de montes.