Luz verde para que ningún perceptor del Ingreso Mínimo Vital cobre menos que con la renta de ciudadanía

Las Cortes de Castilla y León dieron hoy luz verde, por unanimidad, a la modificación normativa propuesta por la Junta para que la renta garantizada de ciudadanía sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital creado por el Gobierno, de modo que ningún perceptor de la primera reciba menos subsidio de lo que contaba con la segunda, como han observado y corregido.

En la presentación del proyecto de ley, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, argumentó que la norma emana para que ningún perceptor del Ingreso Mínimo Vital, que tildó de «trampantojo» para algunas familias, perciba menor cantidad que con la renta garantizada de ciudadanía. «Es necesaria y oportuna», aseveró sobre la modificación planteada a la Cámara.

Blanco recordó que la Junta consideró una buena iniciativa contar con un «ingreso mínimo y homogéneo», afirmó que su gestión no ha sido positiva y subrayó que 3.000 de unos 6.000 perceptores del IMV reciben la renta de ciudadanía, de los que el 22 por ciento percibe una media de 312 euros menos que con el subsidio autonómico, que se corrige con la modificación normativa.

Durante el debate, PP y Ciudadanos criticaron la gestión realizada por el Gobierno de esta nueva prestación, aunque están de acuerdo con la misma, e insistieron en reclamar su transferencia a la Junta de Castilla y León, como se ha hecho con Navarra y País Vasco, por su experiencia y buen hacer en la renta de ciudadanía.

En turno para fijar posición, la socialista Isabel Gonzalo manifestó que la renta de ciudadanía con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se convierte en complementaria de la estatal, por lo que avanzó el voto a favor del cambio normativo, si bien abogó por procedimientos abreviados y la simplificación administrativa para evitar su dúplica y agilizar su reconocimiento y pago a los beneficiarios.

Evitar la duplicidad de trámites, garantizar la colaboración entre las administraciones públicas consideró que se debe tener en cuenta, además manifestó que la cantidad que se ahorre la Junta se debe destinar a políticas sociales, como también señaló después la popular María Ángeles García.

Laura Domínguez (Podemos) subrayó que el Ingreso Mínimo Vital nace como un «escudo social» hacia las personas más vulnerables, afirmó que se han aprobado procedimientos para agilizar la prestación y abogó por mejorar su gestión, «sin complacencia», para que llegue a todos los que lo solicitan.

«Hacer barro del Ingreso Mínimo Vital es indecente», reprochó a PP y Cs, para afirmar que la preocupación tiene que estar en que la ayuda llegue a todas las personas que se ven en la obligación de solicitarla. Domínguez expresó el respaldo al cambio normativo pro pidió que se abandone los «dardos» hacia ese subsidio.

Ciudadanos «votará a favor para salir al rescate de las personas más vulnerables», por «sentido de la responsabilidad» y de Estado para «no dejar a nadie atrás», asentó Alba Bermejo (Ciudadanos), que pidió reconocer el papel de las políticas de la Junta a través de la renta de ciudadanía como uno de los «mejores ejemplos de inclusión social» de España y estimó que la «carga» no puede recaer en las personas en un «proceso nulo de gestión y farragoso» que ha dejado fuera a personas, por lo que defendió que el IMV se transfiera a la Comunidad.

La popular María Ángeles García manifestó que la prestación estatal nace «sin dar la cara» ni la posibilidad de realizar aportaciones para mejorar el texto, afirmó que la Junta se ha ofrecido a colaborar y subrayó que la renta autonómica va más allá y cubre todas las necesidades, mientras que el estatal solo considera los ingresos del año anterior.

«Ahí estará la Junta para que nadie que lo necesite se quede sin prestación, hoy estamos aquí por este caos provocado por el Gobierno de Sánchez», argumentó la procuradora del PP, que añadió que la prestación creó una esperanza pero está dejando a «gente atrás» por su gestión. «Hoy nos encontramos arreglando el problema de Sánchez», sostuvo, para reivindicar su transferencia a la Comunidad.