«Muchas veces tenemos que meter al agresor en el cuarto de la fotocopiadora para que no coincida con la víctima»

La fiscal Inmaculada Martínez. /A. de Torre
La fiscal Inmaculada Martínez. / A. de Torre

Inmaculada Martínez, fiscal de Segovia contra la violencia de género, lamenta la falta de medios en las sedes judiciales

LUIS JAVIER GONZÁLEZSegovia

Inmaculada Martínez es la fiscal específica de Segovia contra la violencia de género. Ayer ofreció una conferencia, organizada por la UNED, para explicar la ardua labor de su departamento. La fiscal lamenta la falta de medios y alaba el componente humano de sus compañeros para parchearlos, ya sea comprando chucherías a un niño para humanizar su declaración o llevando al agresor al cuarto de la fotocopiadora para que no se encuentre con la víctima.

–¿Qué importancia tiene una conferencia como esta?

–Transmitir a la sociedad en general el trabajo que estamos haciendo. Que sepan un poco lo que hacemos cuando alguien presenta una denuncia.

–¿Qué retos afronta una fiscalía contra la violencia de género?

–Hacer el trabajo lo mejor posible con los medios que tenemos. El reto de la Fiscalía de Segovia, y cualquier fiscalía, es dar una respuesta adecuada al problema que plantea una persona cuando presenta una denuncia. Primero, protegerla, apoyarla y dar la asistencia que precisa, incluso médica si es necesario.

–¿Es aconsejable que haya una asistencia psicológica inicial o eso puede viciar la primera declaración?

–La víctima tiene que declarar en presencia judicial, donde generalmente está el fiscal. Una vez que declara, si precisa de algún tipo de asistencia, tenemos al médico forense, una trabajadora social, una psicóloga y el psicólogo de la oficina de víctimas. Si le hace falta asistencia, nosotros inmediatamente la vamos a derivar a los peritos que tenemos adscritos al juzgado. Una vez que se le haya tomado declaración, claro, que es cuando está previsto en la ley.

–¿Cuál es su posición sobre la formación específica en violencia de género a todos los operadores jurídicos?

–Me parece muy importante. Desde la Fiscalía General del Estado estamos con jornadas de formación continua. La fiscal de sala nos reúne a todos los delegados de violencia de género al menos una vez al año para aunar criterios, ver los problemas que hay y dar una misma solución en toda España. Se trata de coordinarnos y unificar criterios. Además, hay programas de formación con el Centro de Estudios Jurídicos para favorecer esa especialización. Me consta que también los jueces la tienen.

–¿Qué tendencias observa en Segovia?

–Se mantienen los datos de los últimos años. Tenemos la violencia habitual, las típicas discusiones o peleas. Últimamente, a nivel nacional, notamos que hay más delitos que se producen en el ámbito de las redes sociales. Está habiendo un aumento porque la gente cada vez utiliza más las TICS [Tecnologías de la Información y Comunicación] y se usan las redes sociales para amedrentar, amenazar, acosar.

–La falta va siempre por delante de la ley. ¿Cómo se combate?

–Lo intentamos [suspira]. Siempre que hay una denuncia, vemos cómo solucionarlo, intentamos hacer frente a esto. Tenemos que tirar de policía judicial, tanto Guardia Civil como Policía Nacional y de las brigadas especiales en delitos informáticos, para intentar realizar las investigaciones, ver los hechos que se denuncian y acreditar quién es el autor.

–¿Existe el fenómeno de las denuncias falsas?

–Yo creo que es un mito. Con los datos estadísticos que cuenta el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, hay muchas menos de las que la gente cree. Poquísimas.

–Habla de limitación de medios. ¿Son suficientes?

–Faltan muchísimos. Desde instalaciones para recibir declaraciones a las víctimas en condiciones. Para tomar declaración a un niño en el Palacio de Justicia, nos haría falta una especie de aula acondicionada para menores. En el Juzgado número 4 nos haría falta una sala especial donde pudiera estar la víctima para que no viera o coincidiera con el agresor. Muchas veces, para evitarlo, le metemos en el cuarto de la fotocopiadora. El capital más importante es el humano. De verdad, los funcionarios que tenemos, jueces y fiscales, hacemos lo que buenamente podemos para evitar este tipo de situaciones. Cuando tomo declaración a un menor, le compro de mi bolsillo unas chuches para distender, y me consta que el juez también. O les llevas un cuento o unos cromos. Porque metes a un niño en una sala de vistas en un palacio como el nuestro, muy antiguo, y se queda… ¡Claro que nos hacen falta medios e instalaciones adecuadas!

–¿Protege suficientemente el Código Penal a las mujeres?

–Sinceramente, creo que ahora sí. Después del dictado del Estatuto de la Víctima y la última reforma de 2015, que modificó aspectos atinentes a la protección de los menores como víctimas de los delitos de violencia, no simplemente como perjudicados directos. Un niño que está viendo cómo su padre agrede a su madre ya tiene que ser considerado como una víctima. La modificación de 2015 favorecía y potenciaba tanto la comunicación a la víctima de cómo va el proceso como las medidas integrales de protección.

–¿Qué fallas muestra la sentencia de La Manada sobre el sistema judicial?

–No puedo hablar de esa sentencia porque no he llevado el asunto. No hablo de los asuntos que no conozco.

–Un aspecto clave para erradicar la violencia de género es la educación…

–Esencial.

–Aplicándolo al apartado judicial, ¿qué elementos de cultura judicial se deberían cambiar?

–Con la legislación actual estamos intentando hacer frente desde un punto de vista jurídico a un problema que no es exclusivamente jurídico, que es multidisciplinar, porque requiere regulación, que la hay, a nivel social, educativo, sanitario… Obviamente, somos juristas y lo que intentamos es solucionar el problema que se nos está planteando judicialmente, aplicando la ley. Para solucionar todo en su conjunto hace falta el trabajo de asistentes sociales, psicólogos o médicos.