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Los trabajadores del 112 reclaman medidas a la Junta para evitar que el servicio se convierta en «una centralita telefónica»

Los trabajadores del 112 reclaman medidas a la Junta para evitar que el servicio se convierta en «una centralita telefónica»

El PSOECyL denuncia la «inacción» del Ejecutivo para velar por el cumplimiento en la prestación del servicio y reclama la comparecencia urgente del consejero para dar explicaciones

ical

Martes, 20 de noviembre 2018, 12:50

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Los trabajadores del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 reclamaron este martes a la Junta la adopción de medidas que eviten un mayor deterioro del servicio y que este se convierta en «una centralita telefónica». El presidente del comité de empresa de los teleoperadores de este servicio, Domingo Largo, evidenció el «deterioro» que le servicio ha venido sufriendo en los últimos cuatro o cinco años al intentar unificar la atención de la llamada con la gestión de la emergencia, además de que se han acumulado más de 4.000 horas extras al activar las guardias «de forma sistemática» por la falta de gente.

«Intentamos ahorrar dinero e ir a un modelo de telemárketing, cuando aquí estamos en un modelo de atención al ciudadano», lamentó Largo, quien reclamó medidas que permitan dar un servicio «óptimo» a los castellanos y leoneses. De la misma forma, se preguntó si lo que se quiere es que los trabajadores de este servicio tengan unas condiciones «por debajo de cuestiones mínimas del convenio de telemárketing».

Los trabajadores pidieron la profesionalización del servicio y unas condiciones «dignas» para poder prestar una atención «óptima» al ciudadano. Según Largo, no se trata tanto de la contratación de personal, sino de «ordenar» las cosas «con racionalidad» porque casi la mitad de la plantilla de los alrededor de 120 trabajadores del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 son correturnos.

Desde el comité de empresa también alertaron de que los trabajadores se encuentran «al borde del colapso» por los niveles de estrés a los que se han visto sometidos en los últimos años, por lo que pidieron a la empresa que se encarga de la prestación del servicio que adopte medidas para reducir esos niveles. Sin embargo, las reuniones mantenidas hasta el momento no se han centrado en ese asunto, sino en intentar que la empresa no les rebaje «los mínimos» en sus condiciones laborales.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes denunció la «inacción» de la Junta a la hora de velar por el cumplimiento en la prestación del Servicio de Emergencias 112 en la Comunidad. El portavoz de Medio Ambiente, José Luis Aceves, pidio este martes la comperecencia urgente del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para dar explicaciones ante la falta de medidas ante las resoluciones emitidas en los últimos meses y por los que se ha sancionado a la empresa que presta el servicio en Castilla y León.

Aceves aludió a una primera sanción a la empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios S.L, que es la que presta la atención, el pasado mes de mayo, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid notificó un acta de liquidación, por un importe de más de 695.000 euros, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2014 y marzo de 2018, como sujeto responsable, y a la Agencia de Protección Civil como sujeto solidario, por la utilización de la fórmula de subcontratación del servicio en el Centro Cordinador de Emergencias (CCE) y en la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), a la subrogación obligatoria del personal que prestaba el servicio en la atención telefónica en la empresa adjudicataria anterior y otras cuestiones. Esta notificación está considerada como «grave» según la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Pero además, el pasado mes de octubre, la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid notificó a la empresa una infracción de 3.500 euros como consecuencia de un acta de infracción de la inspección de trabajo y Seguridad Social, debido al cómputo de las horas de localización en el servicio de atención de llamadas de urgencia, calificada como «grave», según la misma norma.

Para el Grupo Socialista, estos dos hechos hacen que las condiciones humanas de los trabajadores impidan prestar el mismo servicio que si lo hicieran «en condiciones adecuadas». Aceves se preguntó hasta cuándo permitirá la Junta el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa y que esta lleve a cabo subcontrataciones del servicio. «Todo servicio de estas características tiene que tender a la profesionalización», recalcó Aceves.

Por ello, los socilaistas solicitaron la comparecencia urgente del consejero de Fomento y Medio Ambiente para que ofrezca explicaciones al respecto porque «los controles de la Junta no se han producido», lo que ha llevado a estas resoluciones «demoledoras», lo que supone «un escándalo grave» debido a la falta de controles y la «inacción» de la Junta, que según los socialistas tiene también «una clara responsabilidad política».

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