Las tiendas de ropa de León tendrán al menos un probador para personas con discapacidad

Probador de ropa para personas con discapacidad en El Corte Inglés de Valladolid. /Rodrigo Jiménez
Probador de ropa para personas con discapacidad en El Corte Inglés de Valladolid. / Rodrigo Jiménez

La Junta de Castilla y León exigirá accesibilidad en espacios públicos, edificios, transporte y comunicación, conforme al nuevo reglamento para la supresión de barreras

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

El objetivo está claro: hacer accesible, y por lo tanto inclusivo, cualquier espacio. Lo más posible. Y ello abarca desde jardines y zonas urbanas a edificios, viviendas, lugares de ocio, comerciales, transporte o comunicación. Castilla y León contará con un nuevo reglamento para la supresión de barreras que, según la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, «quiere ir más allá, definir y concretar mejor» la nueva legislación estatal que entró en vigor el pasado 1 de enero tras una moratoria de diez años.

Son varias las novedades del decreto autonómico, aún en fase de borrador; pero que previsiblemente se aprobará a finales de año. Y entre en el detalle, como la obligación para los establecimientos comerciales que tengan probadores de ropa de que al menos uno sea para personas con discapacidad adecuadamente indicado. Ahora algunos grandes comercios cuentan con ellos, no así las tiendas más pequeñas, y más por buena disposición que por ser una exigencia legal. Con los aseos, algo ya muy generalizado, la exigencia será la misma.

Todos ellos además deberán estar comunicados con la entrada principal por un itinerario accesible. Junto a esto, y en relación con los aparcamientos, otra de las novedades es que se contempla la previsión de una dotación diferenciada de plazas para personas de movilidad reducida en función del uso del edificio. Así, de forma general, será de una plaza reservada por cada 40, pero en el caso de los comercios la reserva deberá aumentar a una por cada 33 plazas, frente a las actuales 50. Y ello con un recorrido accesible que comunique el 'parking' con la vía pública o con el edificio, separado y protegido del tráfico rodado y señalizado.

La nueva regulación también establece una nueva reserva de plazas en locales públicos, que será de una plaza para personas con movilidad reducida por cada 100 asientos y una por cada 50 para personas con discapacidad auditiva.

Máxima flexibilidad

Son 58 artículos para repasar cada barrera en el diseño de una norma que ha contado con el sector, desde la confederación de asociaciones Cermi que, tras su paso por el Gobierno Abierto, ya comienza con la tramitación por las diferentes consejerías y preceptivos órganos consultivos.

Ascensores, paradas de autobús, andenes y pavimentos o páginas web. La nueva norma recoge, no obstante, la flexibilización de las condiciones de accesibilidad en edificios ya existentes, para conseguir que un mayor número pueda serlo y, a la par, se muestra exigente con los de nueva construcción o importantes remodelaciones. Establece que, con carácter general, «todos los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones de accesibilidad y no discriminación».

Para ello incorpora, también como novedad, la necesidad de una evaluación de la accesibilidad previa a la aprobación del planeamiento urbanístico que califique nuevo suelo urbanizable. Además, explican fuentes de la Junta, «se establece una mayor concreción en la regulación de la accesibilidad de parques y jardines, se regula la misma de las playas urbanas, las condiciones al respecto de las instalaciones temporales en espacio público y las características de los carriles bicis en su relación con los recorridos peatonales».

A este respecto, el presidente del Cermi, Francisco Sardón, recuerda que esta es una vieja reivindicación y explica que se oponen a los carriles bici en las aceras: «Se ha pasado de la concepción del ciclista desprotegido a dejar a las personas con discapacidad y a las mayores o a las que van con niños, al peatón en general, expuestos al paso de las bicicletas. Los ayuntamientos se han visto presionados para incorporar kilómetros de carril bici y han invadido el espacio del que no va en un vehículo. Se añade a las terrazas de los bares y los alcorques de los árboles, como ocurre por ejemplo en Parque Alameda de Valladolid, donde el peatón carece de espacio. Es cuestión, sobre todo –y Sardón insiste en ello con respecto a toda esta normativa– de sentido común».

Espacios Naturales Protegidos

La norma también regula las barreras de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la red de Castilla y León y en los eventos, de forma que «concentraciones como las de motos, procesiones de Semana Santa o festivales de música, entre otros muchos, deben diseñar espacios e itinerarios accesibles», añade.

El decreto elimina la obligación de reflejar en la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida la matrícula de los vehículos que la utilizan, como hasta ahora. Con esta normativa serán tarjetas vinculadas únicamente a la persona con discapacidad. «Es otra vieja reivindicación –repasa Francisco Sardón– porque antes podías poner dos matrículas;pero yo me desplazo en silla de ruedas, vaya en el coche que vaya; es un derecho mío no asociado al vehículo. Si alguien me lleva en su coche, tiene que poder aparcar también en estas zonas».

En cuanto al transporte establece, como principio general, que «en los públicos y regulares de uso general, de titularidad pública o privada, cuya competencia corresponda a la comunidad de Castilla y León, se garantizará el acceso y utilización de los mismos para todas las personas de forma autónoma, segura y no discriminatoria». Y destaca que se dará prioridad en las adjudicaciones de concesiones a las propuestas que oferten un grado de accesibilidad superior al fijado por la normativa.

La Junta primará en sus adjudicaciones los proyectos que mejoren las exigencias legales

En este ámbito, la nueva regulación recoge la obligación de tener teléfonos públicos adaptados para su uso por personas con discapacidad en oficinas de las Administraciones Públicas. Además, se favorece la realización de aplicaciones informáticas para móviles adaptadas a su uso por personas con discapacidad.

La Junta destaca que, en definitiva, «se trata de una norma integral que aborda la accesibilidad pensada para favorecer la existencia de más espacios libres de barreras y más lugares sin dificultades; relacionada con la innovación social, ya que incorpora medidas como la contratación socialmente responsable estableciendo preferencias en las adjudicaciones a empresas y entidades que apuesten por la accesibilidad, y que quiere mejorar la normativa estatal con una serie de normas técnicas que ayuden a evitar aspectos difusos y al efectivo cumplimiento de la norma».

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