El Supremo rechaza el recurso de la Junta por el decreto que regula los centros de mayores

El Supremo rechaza el recurso de la Junta por el decreto que regula los centros de mayores

Satse considera que se hizo un decreto «a la carta» para las asociaciones empresariales que sobrecarga de trabajo a las enfermeras de los centros de salud al no haber suficientes sustituciones

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El Tribunal Supremo rechaza admitir el recurso de casación presentado por la Junta contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre de 2018 que anulaba el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León, según informó Satse en un comunicado.

El sindicato de enfermería valoró este lunes la decisión del Supremo que aseguró no ve motivos para aceptar la casación y condena al pago de costas a la Administración autonómica. Según Satse, ese decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobarlo no se realizó el estudio económico exigido legalmente.

«Es incoherente que la Consejería de Familia esté tramitando un nuevo decreto a la vez que recurre el de 2017, manteniendo las mismas condiciones, que repercuten negativamente en la asistencia a los residentes», indicó Satse.

Asimismo, criticó que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades siga insistiendo en seguir adelante con esta normativa reguladora de la autorización y funcionamiento de estos centros, que «perjudicará notablemente la asistencia para los residentes». Uno de los motivos es que en el decreto se alude a un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior de 2001.

Igualmente, recordó que impugnó este decreto de 2017 porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al decreto de 2001, ya que despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma «escasa, poco clara e imprecisa» la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar. «Dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etc., recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, que no hay que olvidar, son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes».

Sin embargo, lamentaron que Familia sigue queriendo implantar este nuevo modelo, pese a que establece que se eliminan las camas de las unidades de convalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estaban destinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centros hospitalarios.

Por el contrario, el decreto de 2017 también deriva los cuidados sanitarios al centro de salud, lo que repercutirá negativamente en la enfermería de Primaria, que añadirá a su trabajo en el centro de salud, el de estas residencias. «Teniendo en cuenta las características de grandes dependientes de muchos de los usuarios y que se reduce el número de enfermeras, la enfermera de Primaria se verá obligada a pasar gran parte de la jornada en dichas residencias y se saturará la asistencia en los centros de salud», auguraron.

Según explicaron, la intención de la Consejería de Familia es seguir estableciendo que estos centros dispongan, hasta 2022, de una enfermera por cada 100 residentes y solo de lunes a viernes (incrementándose en media por cada 40 residentes más) y a partir de 2022, de una enfermera a media jornada por cada 100 usuarios y solo de lunes a viernes (con un incremento también de media enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro). Antes de este decreto de 2017, los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponían de 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios.