La subida fiscal del Gobierno y Podemos prevé recaudar 113,5 millones en Castilla y León

La subida fiscal del Gobierno y Podemos prevé recaudar 113,5 millones en Castilla y León
Gabriel Villamil

Con más pensionistas que grandes empresas y contribuyentes adinerados, Castilla y León tendrá a priori más beneficiados que damnificados por el acuerdo del Gobierno con Podemos, que espera ingresar 30,77 millones en Valladolid

ÁNGEL BLANCO ESCALONA

Pesto que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado emanado del acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluye como principales beneficiarios a los pensionistas y como mayores 'paganos' a los grandes contribuyentes, se puede afirmar que el acuerdo resultará positivo para Castilla y León y sus provincias, ya que favorecerá a 633.000 personas y perjudicará a 2.900. Claro que, si se tiene en cuenta otro nivel de perjuicio y se incluye entre los damnificados a los conductores de vehículos diésel, entonces la lista crece hasta superar el millón de personas. Los pensionistas son cerca de la cuarta parte de la población autonómica; los grandes contribuyentes suponen poco más del 0,1% y los consumidores de diésel, casi la mitad. La comparación con el total nacional resulta positiva en lo que a los castellanos y leoneses adinerados se refiere, ya que representan el 2,3% de los de España, mientras que los pensionistas son el 6,3%. Los usuarios de diésel son el 5,8%.

Por otro lado, la subida del salario mínimo resultará objetivamente positiva para todos sus perceptores, pero su efecto en la marcha de las empresas y la respuesta que estas den en lo que respecta a sus contrataciones es, cuando menos, incierto.

«Después de siete años de recortes y asfixia de los gobiernos de PP…» Así comienzan las cincuenta páginas del documento titulado 'Presupuestos para un Estado social', pactado por el Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos y que será desarrollado en las cuentas públicas de 2019, todavía de incierto destino. Su objetivo confeso, resarcir a «los ciudadanos de este país que se han empobrecido» (pensionistas, trabajadores, desempleados, jóvenes, mujeres, clases medias, víctimas de la austeridad en general, es decir, «la mayoría») en detrimento de una «privilegiada minoría» y revertir las medidas que «erosionaron el estado del bienestar».

Catorce apartados

Articulado en catorce apartados que van desde las pensiones al empleo, pasando por la vivienda, familias, mujeres, energía, estado del bienestar o calidad democrática, el documento pactado por el Gobierno y Unidos Podemos incluye en su último capítulo el esbozo de una nueva fiscalidad que prevé ingresar el año próximo 113,5 millones de euros más en Castilla y León, de los que 30,77 millones serán en Valladolid; 8,27, en Palencia; 7,02, en Segovia; 14,05, en Salamanca...

La cantidad adicional que está previsto recaudar en la comunidad en 2019 supone el 2% de un total nacional que asciende a 5.678 millones. El 2% tomado para el cálculo es el porcentaje que representó la recaudación de la delegación autonómica de la Agencia Tributaria el año pasado (3.998 de 193.959 millones). Para materializar estos ingresos extras están contempladas medidas como el establecimiento de un mínimo en el Impuesto sobre Sociedades o la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y también nuevos tributos como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o el de determinados Servicios Digitales.

En el lado de las iniciativas propuestas cuyo impacto es posible evaluar a nivel autonómico, se encuentran el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo al IPC (612.000 beneficiarios castellanos y leoneses de prestaciones contributivas); subida de pensiones mínimas y no contributivas (312.000 pensionistas que cobran menos del salario mínimo y 21.700 pensionistas no contributivos),o la incorporación de dos nuevos tramos de cotización para las empleadas de hogar (18.220 en la región).

Más complicado es cuantificar cuántas personas resultarán directamente beneficiadas por la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros mensuales, 164 más que en 2018. Diversas fuentes calculan que repercutirá en uno de cada diez asalariados, en especial jóvenes y mujeres, ya que son quienes ocupan mayoritariamente los puestos referenciados al SMI. En Castilla y León, la mitad de los pensionistas y uno de cada diez asalariados cobran por debajo del salario mínimo, lo que supone los citados 312.000 beneficiarios de prestaciones contributivas y más de 75.000 empleados, además de 50.000 perceptores de ayudas por desempleo.

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