Suárez-Quiñones solicita su comparecencia en las Cortes y denuncia un intento de convertir una gestión «responsable y legal» en una actuación irregular

Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una imagen de archivo. /
Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una imagen de archivo.

El consejero de Fomento insiste que el único interés de la Junta en la mejora de la carretera de Villadangos fue que la obra no se paralizara tras el concurso de acreedores de la adjudicataria

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, solicitó en la mañana de este jueves su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León para explicar su gestión respeto a las obras de mejora de la carretera de Villadangos y desmentir las acusaciones que le relacionan con la operación 'Enredadera'.

El consejero, que mostró su «profundo disgusto y malestar» por lo que considera un intento de convertir una gestión responsable y diligente de los intereses públicos en una actuación irregular, aseguró que sus actuaciones se rigen por el «sometimiento al derecho y a la ley y por no quedarse de brazos cruzados ante los problemas de los ciudadanos».

Suárez-Quiñones rechazó irregularidades en el arreglo de la carretera de Villadangos y aseveró que su gestión en defensa de los intereses públicos «siempre se hizo con la ley en la mano y con absoluta limpieza, aunque en esta vorágine de conversaciones grabadas parece que todo vale y que todo es lo mismo. Es lamentable que sin conocer cuáles son los amparos legales a dicha actuación se pretenda dar oscuridad a la misma. La seguridad vial y el interés por hacer efectiva la obra pública adjudicada son objetivos que entran en nuestra obligación de gestionar».

El consejero argumentó que la mejora del firme de la carretera entre las localidades leonesas de Villadangos del Páramo y Valcabado fue una de las primeras actuaciones que realizó su departamento en esta legislatura dentro del bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras. La vía, según explicó, presentaba un deficiente estado que comprometía la seguridad vial y su conservación también se había convertido en una importante preocupación para alcaldes y vecinos de la comarca.

La obra de mejora fue licitada y adjudicada a la empresa zamorana Arcebansa que, al poco tiempo de iniciar los trabajos, entró en concurso de acreedores, lo que supuso la paralización de las obras, por lo que la Junta, en base al artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que en estos casos se puede ceder al contrato a un tercero en las mismas condiciones, intentó que la obra no se paralizara.

Arcebansa intentó sin éxito buscar alguna empresa que le interesa la cesión del contrato, y en ese «marco se encuentra mi conversación con una empresa implantada en León», apuntó el consejero. Después, fue el propio Servicio de Conservación de Carretera el que trasladó a esta empresa el interés de la Consejería de Fomento por ceder el contrato, algo que «final y desafortunadamente» no se produce al no interesarle a la empresa las condiciones del contrato.

«El interés público era trata de continuar con las obras conforme a las condiciones de la adjudicación y conforme a lo que contempla la ley, algo que al final no se pudo lograr a pesar del esfuerzo de la Administración», aseveró Suárez-Quiñones, a la vez que lamentó que la obra se mantiene paralizada a la espera de resolverse los trámites de resolución del contrato, actualización del proyecto y nuevo trámite de licitación.«

 

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