STECyL-i exige a la Junta que «deje de vender humo» sobre las 35 horas y acusa a los sindicatos de participar en la campaña electoral del PP

A juicio de la formación el preacuerdo lanzado «a bombo y platillo» carece de virtualidad, ya que los firmantes solo se comprometen a trasladar al Gobierno que se forme tras las elecciones la necesidad de realizar las modificaciones normativas necesarias para implantar la jornada de las 35 horas antes del próximo 30 de septiembre. «Se trata pues de un ruego al próximo gobierno», incidó.

Además, STECyL-i denunció que, una vez más, el profesorado de las enseñanzas públicas no universitarias queda relegado de estos «compromisos». El profesorado tendrá que esperar al 1 de septiembre de 2019, una vez comenzado el curso y fijados los horarios, a que se realicen las actuaciones que implanten la aplicación de la jornada laboral de 35 horas. Es decir, el colectivo no vería aplicada la jornada de 35 horas hasta el siguiente curso 2020/2021.

«Una vez más la Junta y estas centrales sindicales marginan al profesorado. Hay que recordar que para el resto de empleados públicos ya se aplica la jornada de 35 horas durante cuatro meses -junio a septiembre- desde el pasado año. Un acuerdo calificado por STECyL-i como «un parche» firmado por CCOO y UGT para salir del paso.

Por ello STECyL-i exige que la Consejería de Educación se siente con los representantes del profesorado para negociar la reducción de jornada en los horarios del curso 2019/20.

STECyL-i «deplora que estas tres centrales sindicales, sin ningún tipo de pudor, se presten a este paripé con este gobierno del PP en funciones y le echan una manita participando en esta campaña electoral, al lado del partido sustento del gobierno que nos recortó gravemente nuestros derechos laborales y retributivos». «Todo ello para tratar de atribuirse un logro, que de hacerse efectivo, será fruto de la movilización de todas las empleadas y los empleados públicos y también del trabajo de otros sindicatos con una importante representación entre los empleados públicos, en especial en educación y sanidad», concluyeron.