Responsables de las unidades de autogestión reclaman a Sacyl seguridad jurídica para el proyecto

Las unidades de gestión clínica si algo han logrado es crear polémica y tienen marcados detractores y entusiastas defensores. Y al margen de su posible eficiencia;lo que parece muy demostrado es el empecinamiento de la Consejería de Sanidad en su implantación. Decidió adelantar este cambio de modelo en la gestión sin esperar al Real Decreto del Ministerio de Sanidad, que algún día sentará las bases mínimas para su regulación, con el aval de que «luego reformamos y adaptamos lo que haga falta».

El caso es que tras dos accidentadas, por entrecortadas, experiencias piloto –la de Salud Mental en Zamora y la de Cardiología en el Clínico de Valladolid– el año pasado Sacyl sumó a ambas otras trece, en algunos casos de buen grado; en otros, no tanto. Y lo hizo en contra de todas las voces, con unanimidad, sindicales; de ahí, parte del varapalo judicial. Y arrancó el modelo desde la confrontación ideológica y «las marcadas diferencias entre el papel y su desarrollo», apunta José María Soto desde la Cesm. «Porque es cierto que el decreto sería ‘aceptable’ pero después aparecen cuestiones que afectan al trabajador que se saltan procedimientos. No hay información, no es transparente».

Incluso, varios jefes de servicio que rechazaron formar parte de este nuevo sistema de autogestión, reconocen haber recibido presiones para sumarse al proyecto. Otros, no obstante, sí apostaban por ir de la mano de la Junta y convertirse en ejemplo de esta nueva experiencia de gestión. Ahora, Castilla y León cuenta con quince unidades anuladas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en respuesta a una demanda contra la orden de CC OO; aunque la sentencia es recurrible, algo que estudia la Consejería de Sanidad.

En lo que sí coinciden todos es en que la suspensión, o no, del modelo no influirá en la asistencia. Igual que el paciente no notó ser atendido por una unidad de gestión clínica en vez de por un servicio, tampoco la eliminación de esta forma de funcionamiento incidiría en la asistencia, al menos a corto plazo «otra cuestión son los datos de morbimortalidad con los años». Algunos de los responsables de estas unidades consultados las defienden sin dudas y alejando el fantasma de la privatización de este modelo;pero coinciden en reclamar a la Consejería de Sanidad mayor seguridad jurídica, que redacte conforme a la legalidad sus órdenes para que no las suspendan los tribunales. «Es desilusionante –destaca a este respecto el doctor Alberto San Román, director de la de Cardiología del Clínico de Valladolid–, estuvimos casi dos años y medio como experiencia piloto, luego otro año y medio sin ella y ahora de nuevo otro año. Es desilusionante que, por segunda vez, nos los anulen y, desde luego, no cuestiono que el TSJ haya dictado de forma adecuada su sentencia;pero las autoridades sanitarias deberían garantizar estas cuestiones. El proyecto es bueno y puede mejorar». Este especialista también critica el empleo ideológico de «los políticos que aprovechan para hablar de privatización cuando saben, o deberían saber, que no es cierto».

También Manuel Fernández González, director de la de Raquis de León, asegura que «los pacientes no notan el cambio porque afecta al funcionamiento» y asegura que «los resultados han sido buenos, no hemos gastado en este año ni más ni menos, ha sido sobre todo una toma de contacto y hemos podido ver donde se puede ahorrar sin menoscabo de la atención; pero la intención nunca ha sido la de ahorrar. Creo que es bueno que la sanidad pública no esté reñida con una buena gestión, nos hace ser conscientes del gasto y poder organizar mejor las plantillas, horarios y vacaciones. El futuro inmediato, si sigue vivo el proyecto, será, a la vista de los gastos, analizar los desvíos».

José Luis Almudí, responsable en este caso de una unidad de Atención Primaria, la de Peñafiel, espera que «la consejería recurra la sentencia» porque el modelo «ha mejorado muchas cosas. Nosotros ya teníamos la confianza de los directivos de hecho ya funcionábamos en realidad con cierta autogestión, ahora también de derecho». También este especialista insiste en que el objetivo «no es económico y todo se hace, en cuanto a lo laboral, dentro del marco legal».

En cuanto a CC OO, sindicato que ha ganado el proceso judicial, pide a la Junta que dé «marcha atrás» y no lo recurra y se deje de «caprichos» y «experimentos» de gestión empresarial que cuestan 70 millones cuando no paga deudas contraídas a los profesionales que superan los 50 millones.