PSOE y Mixto urgen el fin de los «chiringuitos» y PP y Cs abogan por racionalizar la administración

Las Cortes de Castilla y León rechazaron este miércoles una proposición no de ley del Grupo Socialista que pedía una revisión «minuciosa» de los entes públicos de la Comunidad, así como un plan de supresión para acabar con los «chiringuitos» de la administración paralela, que según la viceportavoz socialista, Virginia Barcones, ha manchado el buen nombre de la comunidad y ha saqueado sus cuentas.

El texto de los socialistas, que recibió el respaldo del Grupo Mixto, incluido Vox, y fue rechazado por PP y Cs, pedía que antes de que acabe el año se remitiera una revisión «minuciosa» de los entes públicos de la Comunidad, así como un plan de supresión de fundaciones, empresas e institutos, para que se lleve a cabo durante el ejercicio 2020. Además, demandaba que se justificara el interés público de los que se dote la Comunidad y que se apliquen indicadores de eficiencia y calidad.

La viceportavoz del Grupo Socialista defendió la iniciativa porque aseguró «ha llegado el momento de la verdad» y «de la coherencia», tras 32 años de gobiernos del PP, puesto que dijo los grupos pueden decidir si quieren o no los «chiringuitos». Además, acusó a la derecha de elevar los empleados de estos entes, como a su juicio reconoce la Junta de Andalucía en su proyecto de presupuestos para 2020.

Barcones aprovechó su último turno para leer los presuntos delitos del auto referido al Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y advirtió de que en el centro aparece la Agencia de Desarrollo e Innovación, rebautizada como Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), al establecerse que era una vía para saltarse las restricciones de la administración. Además, indicó que las empresas buscan seguridad jurídica, no «clientelismo».

La viceportavoz socialista argumentó que la calidad del gobierno en Castilla y León se sitúa a la cola en España, si se tiene en cuenta la eficiencia, imparcialidad y en grado de corrupción. «Es inadmisible», dijo y confió en que los grupos de las Cortes no renuncien a ejercer un control riguroso del control del gasto público, como en el acceso a la función pública.

En nombre del Grupo Mixto, el parlamentario de Vox Jesús García-Conde consideró que la iniciativa puede ser un buen punto de partida y denunció que todas las administraciones han utilizado estos entes para burlar la ley. Por ello, compartió con el PSOE la revisión de las entidades, así como la necesidad de controlar el gasto y los servicios prestados. No obstante, señaló que los socialistas se olvidan de la Fundación Anclaje, el Centro de Supercomputación, la Fundación Santa Bárbara, el SERLA o el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, como los consejos Consultivo y de Cuentas.

El 'popular' Salvador Cruz defendió que Castilla y León tiene un «buen» gobierno y una «buena administración», si bien admitió la necesidad de avanzar en la racionalización del sector público, porque se había «sobredimensionado». Advirtió de que los socialistas cuando gobiernan hacen todo lo contrario a lo que ahora proponen, por lo que señaló no tienen «credibilidad» y como ejemplo puso a TVE, «Tele Sánchez», y el CIS, el «Centro de Investigaciones Socialistas».

Cruz señaló que Castilla y León tenía 90 entidades propias, que se han reducido en un 33 por ciento, hasta dejarlas en 57 -20 de competencia exclusiva de la Junta-. Además, destacó que se ha reducido en más de un 51 por ciento el gasto de esas entidades «paralelas». «Nuestro compromiso es seguir trabajando», dijo en relación al pacto de gobierno de PP y Cs.

El parlamentario de Ciudadanos David Castaño aseguró que los socialistas son los «campeones» en la creación de entes públicos y les preguntó qué análisis han hecho para plantear ya un plan de supresión. Además, consideró que el texto reconoce el compromiso de Cs de racionalizar el gasto, por lo que garantizó que se medirá el retorno de estas entidades y cómo se ejecutan el presupuesto.

En dos meses, dijo el dirigente de Cs a Barcones, no les ha dado tiempo a revisar la estructura de la administración para plantear un plan de supresiones y acusó a la socialista de tratar de «colgarse una medalla» con la proposición.

No obstante, señaló que lo propondrán para aquellas entidades públicas que no cumplen el criterio de buena administración, así como otro para aquellas que se han alejado de su objeto, pero la administración no puede asumir sus servicios. Además, apuntó habrá «indulto» para las que realicen adecuadamente su labor.