La presión fiscal de los municipios crece en más de 100 euros por habitante desde 2008

La presión fiscal de los municipios crece en más de 100 euros por habitante desde 2008

Las trasferencias del Estado a las corporaciones locales suben un exiguo 1,5%, mientras que las de la Junta se elevan un 12,1% y las de las diputaciones se multiplican por tres

ICAL
ICALLeón

Las transferencias del Estado a los municipios apenas tienen crecimiento año tras año y las necesidades de las administraciones más cercanas a los ciudadanos aumentan cada día para la prestación de servicios, por lo que se ven abocadas a tirar de impuestos. La reforma de la financiación local es un clamor entre los entes locales y la propuesta de la Comisión de Expertos pone de manifiesto la necesidad de una revisión en profundidad del componente de transferencias con el reto de la nivelación, con unas competencias claras y una mejora de la capacidad tributaria.

Las cuentas no mienten, los ingresos fiscales por habitante de los municipios de la Comunidad se situaban en 2008 en 443 euros, mientras que en 2016, ascendían a 550, es decir, 107 euros más, con una subida porcentual del 24,1 por ciento, según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda, recogidos por Ical.

La publicación las Haciendas locales en cifras revela que la recaudación fiscal de los municipios alcanzó los 1.345,6 millones de euros en 2016, lo que representa un crecimiento global del 18,8 por ciento, con 213,1 millones más que en 2008. El mayor crecimiento medio de los ingresos por habitante llegó por la merma de la población durante esos años, que disminuyó según el mismo informe en un 4,3 por ciento, hasta los 2.447.519, es decir, 109.811 menos.

Este aumento de la presión fiscal de los municipios sobre sus ciudadanos contrasta con el estancamiento de las transferencias corrientes del Estado, que se situaron en 2016 en los 482,98 millones de euros, lo que representa un exiguo aumento del 1,5 por ciento respecto a 2008, cuando alcanzó los 476 millones. El dato por habitante supone un aumento en apenas 11 euros de financiación estatal durante el periodo de ocho años, marcado por un profundo ciclo recesivo.

Las trasferencias corrientes globales que recibieron los municipios ascendieron a 666 millones de euros, con un aumento del 6,2 por ciento respecto a las de 2008. Este mayor aumento fue posible gracias a la subida de las trasferencias por parte de las diputaciones, que trasvasaron 46,5 millones, frente a los 11,7 de 2008; y a la Junta de Castilla y León, que aportó a las administraciones locales 127,89 millones de euros, con un aumento del 12,1 por ciento, casi 14 millones más.

Las trasferencias congeladas en una difícil situación económica y las obligaciones de saneamiento y cumplimiento de las normas de estabilidad de estas administraciones, obligaron a los ayuntamientos a buscar financiación en los tributos patrimoniales. Así, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), fudamentalmente, junto al que grava el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el de Vehículos de Tracción Mecánica, permitieron elevar la recaudación, ante el desequilibrio provocado en la recaudación con las exenciones introducidas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en 2015.

La vía patrimonial

En este sentido, cabe destacar que los municipios se tuvieron que financiar sobre todo con el IBI que se disparó a través de una revisión generalizada de los valores catastrales de las viviendas. Así, si con este tributo los ayuntamientos recaudaron en 2008 un total de 429,75 millones de euros; en 2016 esa cifra se había disparado por encima de los 672 millones, lo que supone un aumento del 56,4 por ciento o, en datos absolutos, 242,3 millones de euros más.

Ahorro neto

El informe sobre las corporaciones locales deja claro que todos sus esfuerzos han permitido contar con instituciones saneadas, que año tras año cumplen los objetivo de déficit y generan superávit en las cuentas públicas, frete a lo que ocurre con el Estado y las autonomías.

En este sentido, cabe destacar que el informe de 2016, pone de relieve que estas instituciones locales, registraron un ahorro neto (ingresos corrientes, menos gastos, menos amortizaciones de deuda), de más de 320 millones de euros, el 14,6 por ciento de los ingresos corrientes., cuando la media en España fue del 11,4 por ciento. El documento precisa que 1.913 entidades locales de Castilla y León, es decir, el 93,4 por ciento, tuvieron ahorro neto ese año.

Asimismo, el estudio indica que los municipios de la Comunidad, presentaban un remanente de tesorería ajustado para gastos generales de 717, 6 millones de euros. Por último, ese año la deuda viva de los ayuntamientos de Castilla y León ascendía a 1.239.717 millones, lo que representaba el 2,2 por ciento del PIB, cumpliendo así el objetivo del tres por ciento.

Asimismo, la recaudación por el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana creció también de forma espectacular, un 63,1 por ciento durante ocho años de estudio, hasta cerrar 2016, con un montante de 74,4 millones de euros a través de este tributo, 28 más que en 2008.

Los ingresos fiscales por el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, también se elevó, aunque de forma mucho más modesta. En concreto, lo hizo en un uno por ciento, hasta los 123,11 millones de euros en 2016.

Estos datos positivos en la recaudación se tornan negativos en el caso del IAE, por las exenciones introducidas por el Gobierno. Así, si este gravamen a las actividades económicas de los municipios de la Comunidad les aportaba 72 millones de euros, en 2016, pese a la mejora económica, sólo representaba 69,2, con una merma del 3,8 por ciento.

En la misma línea, pero esta vez marcado profundamente por la burbuja inmobiliaria de la recesión y el hundimiento del sector de la construcción, la recaudación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras menguó un 70,6 por ciento, hasta 28,4 millones de euros.

Por último, cabe destacar la buena evolución de la recaudación por las tasas municipales, con un montante global en 2016, de 377,2 millones de euros, que representan un crecimiento respecto a 2008, del 3,6 por ciento.

Una adecuada financiación

Fuentes de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) expusieron que para la adecuada financiación de los ayuntamientos es imprescindible delimitar los mapas de competencias de los municipios. Es decir, saber qué servicios prestar y que estos «vayan acompañados» de su correspondiente cuantía económica.

Al respecto, recalcaron que «una vez establecido el mapa de competencias, su financiación debería llevarse a cabo mediante un sistema fiscal constituido por los impuestos obligatorios y las tasas, así como por un sistema de transferencias incondicionadas de cuantía fija por habitante».

Las mismas fuentes constataron que los ingresos generales del Estado (PIE) proceden de una transferencia general e incondicionada que «no tiene en cuenta el territorio». La PIE representa unos dos tercios de los ingresos ordinarios del ayuntamiento aunque esto varía en función del tamaño, es decir de los habitantes del municipio. Recordaron asimismo que también se nutren de su participación de las autonomías.

 

Fotos