Presidencia resta trascendencia a la suspensión del concurso: «afecta a 31 plazas de 5.800»

El consejero de Presidencia, Jose Antonio de Santiago Juárez. /A. Mingueza
El consejero de Presidencia, Jose Antonio de Santiago Juárez. / A. Mingueza

La viceconsejera de Función Pública asegura que «todos los funcionarios quieren que salga adelante» y CGT, que ganó otro recurso a la Junta, avanza que solicitará lo mismo que los letrados

S. E.

La Junta de Castilla y León ha restado trascendencia al impacto que tendrán la suspensión cautelar del concurso de traslado abierto y permanente que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid ha ordenado para los puestos que afectan a los letrados. La viceconsejera de Función Pública, Marta López, ha destacado que atañe a 31 plazas de las alrededor de 6.000 vacantes que salen a concurso y que solamente 12 de los 5.800 funcionarios que han solicitado traslado a alguno de esos puestos son letrados.

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Marta López mostró su confianza en que ni los higienistas ni el sindicato CGT, los otros dos promotores junto con la Asociación de Letrados de la sentencias que han anulado el catálogo de puestos tipo de la Junta, sigan el camino de colectivo de juristas. La viceconsejera defendió que «todos los funcionarios quieren que salga el concurso, la generalidad quiere que salga adelante, se ve que menos los de la Asociación de Letrados»

No obstante, Miguel Álvarez, coordinador del sector de funcionarios de CGT en Castilla y León, ha confirmado que esa central sindical tiene pensado solicitar la suspensión cautelar. En su caso, el recurso excedía el ámbito sectorial de un colectivo concreto, caso de los letrados o los técnicos de higiene y salud laboral, y tenía una orientación más general.

Álvarez ha asegurado que los reveses judiciales que ha recibido la Junta por el catálogo de puestos tipo ponen de manifiesto que se tratan de «reformas ideológicas» que «fomentan el clientelismo político». El dirigente de CGT comparó estas iniciativas de Castilla y León con «otras muy similares que puso en marcha María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y se vio obligada por el juzgado a volver al punto de partida y readmitir e indemnizar a 700 interinos».

También desde la Plataforma de Funcionarios Pladepu, unos de sus portavoces, Quinidio Martínez, conminó al Gobierno de Juan Vicente Herrera a «rectificar» antes de que «se consume el desastre», al tiempo que aseguró que el auto judicial deja en situación de suspensión «todo el concurso de traslados».

 

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