PP y Vox se comprometen en pleno a frenar la exclusión financiera en el mundo rural

Los Grupos Parlamentarios Popular y Vox, que sustentan el Gobierno de la Junta, aceptaron este jueves «colaborar con todos los niveles» de la administración, incluidas la local, provincial, autonómica, estatal y europea, para buscar soluciones con las que «conservar y fomentar los servicios financieros en el medio rural» y acabar así con la exclusión financiera en los pueblos.

Ambos grupos aceptaron así uno de los cinco puntos de la Proposición No de Ley llevada este jueves al pleno de las Cortes por el Grupo UPL-Soria Ya, y consiguieron además incluir otros dos puntos de una enmienda, solicitada por el PP y aceptada por el grupo proponente, que insta a la Junta a establecer un diálogo abierto en el seno del Consejo Financiero de Castilla y León para la búsqueda de «soluciones consensuadas y armonizadas» que garanticen el acceso de todos los ciudadanos de la comunidad a servicios financieros, y piden al Gobierno «sistemas que promuevan medidas contra la desertificación financiera en el medio rural».

Estos dos puntos fueron defendidos por la procuradora salmantina del PP, Rosa Esteban, especialmente el segundo, bajo la premisa de que el acceso a los servicios financieros por parte de la población «es competencia del Ministerio de Asuntos Económicos», por lo que lamentó que «quien no ha hecho nada a este respecto es el Gobierno de Pedro Sánchez» ante un problema que «afecta al mundo urbano y al rural, especialmente a las personas mayores».

«Resultan imprescindibles iniciativas más eficientes para evitar riesgos de exclusión», consideró Esteban, que por ello se mostró de acuerdo con la colaboración entre «todas las administraciones públicas y todos los agentes implicados que tienen que prestar este servicio», como plantea la PNL de UPL, pero anunció el voto contrario de los procuradores del PP al resto de puntos, a excepción de la enmienda planteada, puesto que se trata de «competencias del Gobierno de España».

También anunció su voto favorable al quinto punto de la PNL la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, que consideró «una realidad ineludible» la desertificación financiera, y concedió que la Junta debe afrontar este problema bajo la premisa de que «los servicios financieros son un servicio básico y esencial en el medio rural», especialmente ahora que se han cerrado un tercio de las sucursales bancarias en el conjunto de España, con Castilla y León como una de las comunidades más afectadas.

De hecho, planteó que uno de cada cinco habitantes de la comunidad no puede acceder a una oficina e incluso uno de cada diez «no dispone de nada, ni siquiera cajeros gestionados por terceros», algo que está llevando a los castellanos y leoneses a convertirse en «ciudadanos de segunda», por lo que en Castilla y León «se puede hablar de desertificación financiera».

«Es necesario articular mecanismos para un servicio bancario presencial en el mundo rural, garantizando su prestación a los colectivos más desfavorecidos como personas mayores y con discapacidad», concluyó, reivindicando «el papel social de la banca, pero no con las medidas que nos propone, que suponen intervencionismo y que no competen a este Gobierno autonómico».

Y es que la propuesta planteada por el procurador de UPL, José Ramón García Fernández, instaba inicialmente a la Junta a que elaborase directamente un plan para la conservación y el fomento de los servicios financieros en el medio rural de la Comunidad, establecer una línea de incentivos para mantener o reabrir oficinas bancarias y cajeros en el medio rural, penalizar a aquellas entidades bancarias que planteen cierres de sucursales en dicho medio e impulsar la creación de oficinas fijas o portátiles, así como cajeros automáticos en áreas donde la distancia con los servicios financieros pueda ser excesiva, puntos que después aceptó que se deben instar al Gobierno de España, aunque en todo caso, recibieron el voto negativo de los procuradores de PP y Vox y la abstención del PSOE, por lo que no salieron adelante.

En todo caso, durante su intervención, García apuntó que la exclusión financiera afecta a todas las zonas rurales de la Comunidad pero «especialmente a la región leonesa, ante la indiferencia de la Junta». Se trata de un problema que supone «dependencia para población de edad avanzada» y «la demostración plausible del abandono del mundo rural» con un «agravio» por la «pérdida de servicios» para las tres provincias de la región leonesa, «entre las 10 de España que mayor exclusión financiera sufren en sus municipios».

Por ello, consideró de «imperiosa necesidad» la toma de medidas para frenar el cierre de servicios financieros en el mundo rural de Castilla y León, especialmente en las provincias de León, Salamanca y Zamora. «La Junta se debería hacerse cargo y liberar de la carga a las entidades locales y provinciales», concluyó, dado que «la prestación de la actividad financiera debe ser una garantía».

Tomó la palabra tras él el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que mostró su acuerdo con la iniciativa dado que su formación «siempre ha reivindicado» medidas ante un cambio en las formas de prestar el servicio que han tomado las entidades bancarias y que «es especialmente notable en las zonas rurales de la Comunidad», lo que supone para las personas que viven en estas zonas «perder un servicio básico», como demuestra el cierre de las oficinas bancarias en más de 100 municipios abulenses en los últimos años.

En la misma línea se mostró Pablo Fernández, que mostró su apoyo a la iniciativa por abordar una cuestión «crucial» para combatir la despoblación «en la región leonesa y en el conjunto de la Comunidad», y criticó a PP y Vox, como partidos que conforman el Gobierno de la Junta, por su «abandono y desprecio al mundo rural» como demuestra, en su opinión, «el cierre de consultorios, el abandono de la educación pública, y el cierre de oficinas bancarias» que supone la «exclusión financiera» y obliga a los habitantes de los pueblos a marcharse de los mismos. Propuso asimismo una banca pública que asegurase cajeros en el medio rural y revirtiese este problema.

Por su parte, por el Grupo Parlamentario Socialista tomó la palabra Laura Pelegrina, que inicialmente mostró su acuerdo con el texto presentado por la UPL pero que, tras la aceptación por este grupo de la enmienda presentada por el PP, anunció la abstención de su grupo por ser «la misma enmienda» que los 'populares' ofrecieron incluir en la PNL presentada por el PSOE en junio de 2022 y que la formación socialista declinó entonces sumar a su propuesta.

Pelegrina recordó que, ya entonces, su partido propuso «un gran pacto de Comunidad para solventar la exclusión financiera y buscar acuerdos para no cerrar más sucursales», que contó con el voto en contra de PP y Vox, y tras lo que la Junta «no ha hecho nada» por «frenar la exclusión financiera», cosa que, defendió, sí realizó el Gobierno al poner en marcha un protocolo en febrero de 2022 con el que «frenar la exclusión financiera» que, apuntó, en Castilla y León afecta a casi 240.000 personas.

Temas

• Cortes de Castilla y León
• UPL