Los portavoces de la oposición piden explicaciones a Herrera por la dependencia y residencias

Reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes./Cacho
Reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes. / Cacho

El pleno de las Cortes aprobará el proyecto de ley que crea el impuesto por la afección medio ambiental causada por la central de Garoña

ICAL

Los portavoces de la oposición parlamentaria pedirán, en el próximo pleno de las Cortes, explicaciones al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, por las notas en dependencia, la situación de la residencia de ancianos de Babilafuente, su grado de satisfacción con el balance legislativo y por el «clásico» de la mina de uranio de Retortillo.

«¿Qué valoración hace de los últimos escándalos que se han conocido en relación a la gestión de las residencias y atención a las personas mayores dependientes de Castilla y León?», preguntará el portavoz socialista, Luis Tucanca, que como es habitual abre la sesión del control del plenario.

La viceportavoz socialista, Mercedes Martín, precisó que quieren que el presidente justifique la matrícula de honor en dependencia cuando se conocen «datos escandalosos», en referencia al caso de una anciana gran dependiente que ahora reside en Soria y recibe una ayuda de 36 euros cuando en Madrid contaba con casi 300 euros, así como a la denuncia de «irregularidades» en los menús en residencias de mayores de Babilafuente y Castellanos en Salamanca.

Con ironía, Pablo Fernández quiere saber si el «todavía presidente va a contratar a Chicote para conocer de primera mano la realidad de las residencias de mayores». El portavoz de Podemos calificó de «triste» y de que se haya sacado «los colores» a la Junta y dejado por «los suelos la imagen de la Comunidad» con el «escándalo de irregularidades alimentarias» en las residencias de Babilafuente y Castellanos, en Salamanca, revelado por el cocinero en el programa de la Sexta «¿Te lo vas a comer».

El portavoz de Ciudadanos cambia de registro y pide un balance de la actividad legislativa en este mandato, ya en su recta final. Luis Fuentes critica el aumento de leyes remitidas a la Cámara en estos últimos meses «deprisa y corriendo» y requiere el «grado de satisfacción» del presidente con ese ritmo.

«La pregunta al presidente es un clásico», reconoció el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU), que de nuevo lleva al hemiciclo los últimos datos de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca) para recordar que 42 municipios, la mayoría gobernados por el PP, apoyaron la manifestación en contra de la mina, convocada por el colectivo de agricultores y ganaderos de la comarca. A ello, unió la disposición del Gobierno a paralizar este proyecto, si bien no hay confirmación oficial.

Impuesto Garoña

En el segundo día de la sesión, el pleno debatirá y votará el proyecto de ley por el que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, conocido como el gravamen a Garoña. «Esperamos que salga con el mayor apoyo tras la incorporación de alguna enmienda», expresó Raúl de la Hoz (PP).

La Junta de Castilla y León estima en sus cuentas de este años un ingreso de 10 millones de euros por este impuesto, si bien no está creado y hasta la fecha no se ha podido aplicar, aunque según la enmienda del PP en el ejercicio 2018 este gravamen sobre sobre la afección medioambiental causada por las centrales nucleares se devengará el día de su entrada en vigor por un importe proporcional al número de días que transcurran entre éste y el fin del año.

En el cupo de proposiciones no de ley, el Grupo Socialista insta a la Junta a blindar y garantizar la atención continuada y urgencias en los centros de guardia de atención rural durante las 24 horas; el PP pide la adopción de medidas relativas a la peste porcina africana; Podemos reclama ayudas en el acceso a la vivienda y Ciudadanos pide actuaciones sobre pequeñas y medianas empresas.

Al plenario llega el debate de totalidad del proyecto de ley de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, al que se han presentado sendas iniciativas de los grupos Socialista y de Ciudadanos que piden la devolución del texto a la Junta. Los 42 escaños del PP harán que no prospere la solicitud de ambos grupos de la oposición.

 

Fotos