Los nuevos criterios del Gobierno reducen a un tercio los hogares con bono social en Castilla y León

Los nuevos criterios del Gobierno reducen a un tercio los hogares con bono social en Castilla y León

Iberdrola, Naturgy y Endesa ya han activado la tarifa reducida a 53.118 beneficiarios de la Comunidad, aunque lejos de los más de 143.000 que disfrutaban del anterior descuento en la factura

R. TRAVESÍ
R. TRAVESÍLeón

Los nuevos criterios impuestos por el Gobierno central con el bono social eléctrico, que priorizan al consumidor vulnerable y con menores posibilidades económicas, han motivado que, hasta la fecha, poco más de uno de cada tres hogares de Castilla y León haya renovado la tarifa reducida de la luz. Las tres compañías de referencia en la Comunidad como Iberdrola, Naturgy y Endesa ya han activado el nuevo bono social a 53.118 clientes, lo que supone solo el 37 por ciento de los 143.189 que existían el año pasado.

La cifra podrá incrementarse tras la última moratoria del Ministerio para la Transición Ecológica, que amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para que los beneficiarios del antiguo bono social o los nuevos solicitantes se acojan al sistema. Fuentes del sector reconocen a la Agencia Ical que la previsión es que el número final de beneficiarios con estos descuentos esté un poco por encima de la mitad de los existentes con la anterior regulación porque, entre otras cosas, el nuevo decreto ley ha dejado fuera a los puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, con independencia de la renta y que, hasta ahora, representaban más del 50% de los bonistas.

Iberdrola es la compañía suministradora de energía eléctrica con más presencia en Castilla y León, al estar asentada en el 75% del territorio y, por lo tanto, se trata de la empresa que más bonos sociales ha renovado. Según las cifras facilitadas por Iberdrola a Ical, a 30 de septiembre pasado había 45.472 usuarios que contaba con la nueva tarifa reducida, aunque hay otras 14.000 solicitudes completadas que están pendientes de valorar para una posible aprobación, ya que es necesario cruzar los datos de renta con Hacienda. Además, la eléctrica podrá recibir nuevas peticiones antes de que finalice el año con la última moratoria. Y es que es necesaria la renovación para beneficiarse de la tarifa reducida.

El Anexo II del nuevo real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección al consumidor, que pretende reducir la factura energética de los consumidores y acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor integración de las energías renovables, indica que «en el caso en que su solicitud se presente con posterioridad al 8 de octubre de 2018, es posible que en sus facturas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre no se refleje el descuento del bono social.

Si su solicitud es presentada antes del 31 de diciembre de 2018 y es finalmente resuelta favorablemente, el descuento correspondiente a dichos meses le será aplicado en las facturas posteriores». Es decir, los clientes que completen su solicitud para renovar el bono social antes de finalizar el año, se les aplicará el bono social con efecto desde octubre.

Además, una disposición transitoria precisa que los consumidores que solicitaran o completaran su solicitud para renovar el bono social con posterioridad al 31 de diciembre, en caso de estimarse su solicitud, el bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación tras la recepción de la solicitud completa, y se aplicará en sucesivas facturas. Algo a lo que podrán acogerse, por ejemplo, los consumidores que ahora no cumplen con los requisitos económicos y sociales, pero cuya situación familiar puede empeorar en el futuro.

La siguiente empresa con más clientes del nuevo bono social en la Comunidad es el Grupo Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa) que contabiliza 6.590 beneficiarios. Son solo el 17% de los 39.057 hogares que disfrutaban del anterior descuento. Por último, Endesa ya ha aprobado 1.056 bonos sociales y ha rechazado, en función de los requisitos marcados por el Gobierno de la Nación, otro millar, sobre todo por la falta de documentación. Antes, esta compañía ofrecía el bono social a más de 3.600 clientes.

Fuentes de las eléctricas reconocen que reciben quejas de clientes con la reformulación del bono social, porque muchas personas desconocen si tienen derecho al descuento, encuentran problemas a la hora de buscar la documentación necesaria o proceder a su tramitación «engorrosa». Es posible presentar la solicitud por internet pero las personas mayores o con escasos recursos no cuentan con un ordenador ni están familiarizados con las nuevas tecnologías por lo que están obligados a gestionarlo en las oficinas. Y es que las compañías actúan como intermediarios entre el Ministerio y el usuario. «Nosotros no denegamos las solicitudes, sino que nos atenemos a los criterios del Gobierno», explican.

Campañas informativas

Las compañías han realizado estos meses varias campañas publicitarias sobre el bono social, ya sea por carta o por correo electrónico, así como jornadas informativas para explicar los requisitos para que los consumidores puedan solicitar estos descuentos, haciendo hincapié en las modificaciones introducidas en la nueva regulación, y los procedimientos a seguir.

Descuentos

En función del tipo de clientes, hay diferentes descuentos. Los consumidores vulnerables que cumplan con los requisitos establecidos tendrán una reducción del 25 por ciento en la factura –tanto en el término fijo de potencia contratada como en el variable de energía-, que será del 40 por ciento para los severos, y del cien por cien para los de exclusión social. Todos los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de cuatro meses desde la notificación de impago, frente al plazo general de dos meses), salvo los de exclusión social a los que no se les podrá cortar la luz.

En una de esas jornadas informativas en marzo, el delegado territorial de Iberdrola, Celiano García, ya apuntó que la cifra de peticiones para la renovación del bono social «no podía compararse directamente ya que antes había personas que podían obtenerlo por tener una potencia contratada menos de 3 kilovatios y, actualmente, se miden criterios de renta, situación familiar del usuario o si es una familia numerosa». Además, el nuevo sistema amplía el número de colectivos (discapacidad superior al 33 por ciento, víctima de violencia de género o de terrorismo).

El nuevo bono social, que no es otra cosa que un descuento en la factura eléctrica, establece tres categorías de clientes vulnerables, que podrán beneficiarse de ahorros en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) o que estén en el mercado regulado. El sistema diseñado por el Ejecutivo central contempla tres categorías de clientes vulnerables: Consumidor vulnerable (renta familiar anual de 11.279 euros en caso de no haber menores, familia numerosa con el título o pensionistas que perciban la cuantía mínima), consumidor vulnerable severo (renta anual igual o inferior al 50 por ciento de los umbrales establecidos en la anterior categoría o pensionista con pensión mínima) y consumidor en riesgo de exclusión social (la misma renta que la anterior pero, además, atendido por los Servicios Sociales de la administración autonómica o local y que financien, al menos, la mitad del importe de su factura).

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