Nuclenor abona un primer pago de casi 1,7 millones por el impuesto de Garoña

Instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña./G. Villamil
Instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña. / G. Villamil

PP admitió una enmienda de Podemos para incrementar de 10 a 15 millones la cuantía del tributo, que salió adelante con la amenaza de interposición de recursos de inconstitucionalidad

S. ESCRIBANO

Nuclenor ha estrenado el impuesto aprobado por las Cortes de Castilla y León en noviembre y que grava el riesgo del almacenamiento temporal de residuos nucleares en las instalaciones de Santa María de Garoña. La sociedad propietaria de la central inoperativa desde 2012 ha ingresado en las cuentas de la Consejería de Economía y Hacienda casi 1,7 millones de euros.

El tributo tiene carácter anual, entró en vigor el 21 de noviembre y la cuantía que ha presentado la firma energética en el modelo de autoliquidación habilitado para el cobro es la parte proporcional del 2018 correspondiente a esos diez días de noviembre y el mes completo de diciembre. La recaudación debe invertirse, por ley, en el entorno de la central burgalesa.

El tributo que afecta exclusivamente a Garoña salió adelante en las Cortes de Castilla y León con el apoyo del PP, la oposición frontal del PSOE y la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL. La negociación parlamentaria matizó partes del texto redactado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera, con incorporación de enmiendas de Podemos y alguna del PP que corregía cuestiones sobre el efecto retroactivo planteado inicialmente, al reflejar un pago de año completo desde el primer momento, pese a que el tributo iba a entrar en vigor en la recta final de 2018.

Sobre este aspecto de posible inconstitucionalidad llamaron la atención los propios servicios jurídicos de la Junta en los informes previos que redactaron sobre el proyecto de ley. También el Consejo Consultivo, en un informe que recogía el posible solapamiento con el impuesto estatal de depósito de residuos nucleares que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Podría incurrir en una doble imposición, situación que es ilegal.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez avisó a la Junta de la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre el nuevo tributo, para lo que existe un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley que vence a finales de febrero. En la Consejería de Economía y Hacienda no consta la interposición de recurso alguno en estos momentos.

El proyecto de la Junta cifraba en 10 millones de euros anuales la cantidad que debía abonar Nuclenor, pero se endureció al aceptar el PP una enmienda de Podemos y aumentar esa cuantía hasta los 15 millones. Ese es el pago que la firma propietaria de la central debería afrontar entre el 1 y el 20 de enero para solventar la cuota correspondiente a 2019, aunque los responsables de Nuclenor pueden solicitar el fraccionamiento por trimestres.

 

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