El 90% de los municipios de Castilla y León no tienen Internet rápido ni lo esperan en los tres próximos años

José Baz y su mujer trabajan desde casa en la localidad salmantina de Villar de Ciervo. /S. G. R
José Baz y su mujer trabajan desde casa en la localidad salmantina de Villar de Ciervo. / S. G. R

Estas denominadas 'zonas blancas' aglutinan al 23,25% de la población de la comunidad

SILVIA G. ROJO
SILVIA G. ROJOLeón

Jesús Lerones, propietario de Escayolas Gaspar, empresa asentada en el Polígono Industrial Las Viñas de Ciudad Rodrigo ya no se molesta en mirar el reloj. «Sé que puedo dejar subiendo un catálogo, que me voy de la oficina tranquilamente y cuando vuelva dentro de hora y media, el archivo todavía no ha sido enviado». Así resume el servicio de Internet con el que cuenta ese espacio, a seis kilómetros del casco urbano mirobrigense, y que no ha dejado de ser un problema desde que entraron en sus naves hace ya quince años.

«Hasta aquí solo llega el cable antiguo de Telefónica, no tiene capacidad para más servicio, lo que quiere decir que entre todas las empresas nos tenemos que repartir las líneas y los megas disponibles. Si ahora estamos alrededor de 80 empresas, pues entre 80, y si mañana estamos 100, pues entre 100, así que cuando viene alguien nuevo, se nos reducen un poco los megas». Esta ha sido una de las principales promesas electorales en una campaña que acaba de cerrarse y lo volverá a ser en la que arrancará en menos de una semana.

No ha habido formación política que no haya prometido Internet de banda ancha con capacidad para navegar de forma rápida, sin embargo, sobre el terreno, la realidad es bien distinta. Según los datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el 89,98% de las entidades de población de la comunidad, 5.556 de las 6.175 existentes, están consideradas 'zonas blancas', esto es, poblaciones en las que no hay ningún operador que ofrezca Internet de banda ancha de 30 Mbps o más, ni se prevé que lo vayan a tener en los próximos tres años. En términos de población, esto se traduce en el 23,25% de los habitantes de Castilla y León, es decir, 560.121 personas, no disponen de esa banda ancha rápida fija (30 Mbps o más) ni ultrarrápida (100 Mbps o más).

«A nosotros ni siquiera nos ofrecieron promesas, la cuestión es que estamos muy lejos de la central de Ciudad Rodrigo y la inversión que se necesita es muy grande para hacer llegar la fibra hasta aquí». Este empresario asume que las instalaciones «están obsoletas y nadie se hace cargo: la Junta dice que entregó el proyecto al Ayuntamiento, el Consistorio dice que no es cosa de ellos que fue la empresa Telefónica quien hizo el trabajo y unos por otros, nadie da soluciones».

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aseguran que este polígono está a punto de ser declarado como 'zona blanca' y «previsiblemente» aparecerá en la lista de los polígonos elegibles en la convocatoria de subvenciones a operadoras para desplegar Internet de alta velocidad en polígonos industriales de la comunidad. La directora general de Telecomunicaciones de la Junta, Victoria Seco, lo justifica: «A veces las operadoras cubren los pueblos pero dejan al margen los polígonos. De los 350 polígonos que hay en la región, 85 están en zona blanca, es decir, no tienen velocidad de 30 megas o más y podrían ser subvencionables. De hecho, la próxima semana se publicará una convocatoria específica de ayudas de 1,5 millones de euros para que nos presenten proyectos para llevar la fibra a esos polígonos».

De manera genérica, estas zonas blancas está sujetas a diversas subvenciones tanto por parte de la Junta como del Estado pero solo se pueden destinar a proyectos firmados por operadores de telefonía que actúen en estas áreas. Así, en el año 2018, la Junta concedió subvenciones por valor de 2.837.008 euros para proyectos por un importe de 3.175.424 euros y que sirvieron para beneficiar a 93 localidades y a un grupo de población de 21.936 personas, el 0,90%. El resultado conjunto de las ayudas del Estado y de la administración autonómica se elevó hasta los 16.444.747 euros, que beneficiaron a 334 localidades y a un 6,91% de la población.Pero los casos de lo que muchos denominan Internet en precario no dejan de sucederse en el medio rural.

Imagen del polígono industrial de Las Viñas en Ciudad Rodrigo, Salamanca.
Imagen del polígono industrial de Las Viñas en Ciudad Rodrigo, Salamanca. / S. G. R.

A 47 kilómetros de Ciudad Rodrigo, en dirección a Extremadura y a muy pocos kilómetros de Portugal, se encuentra la localidad de El Payo donde su farmacéutico, Alfredo Pérez de la Monja, padece también la lentitud del sistema y no oculta el malestar que esto le provoca. «Aquí nos tenemos que tomar las cosas con mucha paciencia. Una prescripción que debería estar en dos segundos, puede tardar diez minutos porque Internet va muy lento», manifiesta el farmacéutico. «Si comparamos lo que tenemos con lo que ocurre en Salamanca, la conclusión es que estamos muy mal pero tampoco veo mucha actitud por parte de las administraciones, de ninguna», sentencia.

Receta electrónica

La cosa parece que se complica cuando esas recetas electrónicas son de otras comunidades. «Conectar con Madrid a lo mejor son otros cinco minutos así que te pasas entre 10 o 15 minutos para dispensar una prescripción porque esto va lentísimo y la gente que lo ve, alucina». Y eso, en condiciones normales, asegura. «El día que hay tormenta falla muchísimo más, la señal no llega y como no tenemos cable andamos con líneas que son una quimera». Alfredo afirma que «lo que más me molesta es que hace 10 años esto estaba así por lo que ahora ya espero que alguien se tome en serio lo de los pueblos».

Al otro lado de la provincia de Salamanca, en Villar de Ciervo, vive desde hace quince años José Baz, procedente de Madrid. Tanto él como su esposa ejercen el teletrabajo analizando datos que le proporciona otra empresa de la capital de España. «El servicio que ahora tenemos, ADSL convencional con una subida de medio mega y dos o tres de bajada, es aceptable si no son transferencias de ficheros con mucha imagen» y recuerda aquellos años en los que «la velocidad era bajísima y teníamos que esperar a las doce o la una de la madrugada porque había menos tráfico y al final tardabas dos horas para enviar un archivo».

En general «el servicio no falla, puede pasar cada tres o cuatro meses sin que haya una incidencia. La cuestión es que cuando falla, no hay muchas opciones y nosotros lo necesitamos todos los días para trabajar». Comenta además, que su hija estudia una oposición desde el pueblo con su preparador por skype «sin problemas».

Su caso es el mismo que el de Ana Cámara, que dejó Madrid para asentarse en Sobradillo, un municipio enclavado en el Parque Natural Arribes del Duero donde regenta una casa de turismo rural. A día de hoy, con las limitaciones propias del servicio que «no es ni adsl ni fibra», precisa, «va bien, cada vez mejor», al menos para sus necesidades. «Tenemos un 'router' inalámbrico que con hijos hay que tener cuidado porque cuando te das cuenta te han comido los datos».

El primer problema que se encontraron fue que dada la proximidad a Portugal les llegaba mejor la cobertura de aquel país que la de España y «las facturas eran impresionantes, tuvimos que reclamar y se solucionó. Ahora llevamos dos años que va bien, queremos cable, claro está, lo que tenemos nosotros son dos 'router', uno para casa y otro para el negocio y los datos se acaban. Al final, nos supone 100 euros al mes solo de Internet».

La administración

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente reconocen como «imprescindible» la iniciativa de las administraciones públicas para avanzar en la universalización en el acceso de los servicios de telecomunicaciones pero al mismo tiempo señalan que los poderes públicos se encuentran «muy limitados».

Remiten a la normativa estatal y comunitaria y al régimen de libre competencia por lo que «son los operadores privados los que planifican inversiones según criterios de rentabilidad sin que las administraciones puedan obligarles a dirigir sus inversiones hacia un lugar determinado». ¿Por qué no lo hace la propia administración? Según estas mismas fuentes «las administraciones no pueden extender ellas mismas la banda ancha pues la normativa europea y nacional establece unas condiciones extraordinariamente estrictas para actuar como operadores públicos», incluso, apuntan a la complejidad y «limitaciones» a la hora de conceder subvenciones a un operador «a fin de evitar distorsiones del libre mercado».

A pesar de esto, la Junta puede desarrollar actuaciones complementarias de extensión de cobertura a través de líneas de subvención a operadores, eso sí, en la actualidad, en poblaciones de menos de 500 habitantes según les marca la norma estatal.A nadie le sorprende que, con los datos sobre la mesa, la incidencia de las zonas blancas sea mayor en el medio rural. La Junta asume esa «dificultad añadida» y habla de «especiales características territoriales y demográficas».

En la comunidad más extensa de España, con una orografía complicada y con el mayor número de municipios se suma la dispersión geográfica, la baja densidad y el envejecimiento de la población. Juntos conforman la mezcla perfecta para condicionar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones pues las operadoras encuentran el negocio donde hay gente. «Las operadoras pueden ir a Valladolid o León porque hay mucha gente y hacen unos despliegues que son caros porque hay que hacer zanjas y cablear para llegar», comenta Victoria Seco, «pero eso que financian las operadoras les interesa porque al día siguiente tienen un montón de gente para darse de alta, es rentable. En los pueblos pequeños no resulta rentable, es gente mayor, y la única manera de ayudar es sacando subvenciones puestas a disposición de los operadores». El criterio principal para la concesión de ayudas es que «con menos presupuesto se pueda llegar a más población». La directora concluye que el Estado se debería plantear la creación de una lista que ella denomina como de 'fallo de mercado' para que aquellos lugares donde no llegan los 30 megas «y se sabe positivamente que no van a ir las operadoras, que nos dejen ir a las administraciones«.

«»Los 1.600 colegios van a estar conectados por fibra óptica

Otro de los proyectos que ya están en marcha y que permitirá que los 1.600 colegios públicos de la región cuenten con fibra óptica lleva por título 'Escuelas conectadas' y forman parte del mismo las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Educación y el Ministerio a través de red.es. El montante total de la iniciativa asciende a 40 millones de euros y la Junta a aportará 15 millones.

«Los 1.600 centros de educación públicos van a estar conectados por fibra óptica, incluso las unidades educativas en las que hay cuatro alumnos», concretó la directora general de la Junta, Victoria Seco. El pasado 16 de febrero se firmó la adjudicación y a partir de ahora la empresa, en este caso Orange, cuenta con un año y medio para hacer el despliegue. «Otras comunidades vecinas como Galicia y Asturias que ya lo han desarrollado nos cuentan que es un antes y un después».

De este modo, todos los colegios se integrarán en la red de Internet de la Junta de Castilla y León en la que se encuentran desde los hospitales hasta las delegaciones territoriales. En total, 70.000 usuarios a los que ahora se van a sumar 300.000 más.

«Ha habido que hacer un trabajo muy intenso de preparación para la llegada de la fibra a los colegios porque se ha tenido que cablear las aulas, disponer wifi, dotar también de cableado a los laboratorios».Eso sí, esta iniciativa abre nuevas posibilidades de Internet rápida en los núcleos más pequeños pues quizá, no tenga demasiada trascendencia para una capital pero sí para los pueblos. «Esto va a ser un avance muy importante en Castilla y León porque con la llegada de la fibra a los colegios, se hace una apuesta económica importante y se abren muchas esperanzas. Una vez que el cable se haya extendido hasta un pueblo y la zanja ya esté hecha, es más fácil extenderlo por todo el municipio».